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martes, 30 de abril de 2013

¿Cómo cambio de nombre o apellidos?


¿Qué es?
Se trata de un procedimiento por el que un ciudadano puede cambiar sus apellidos, el orden de éstos o su nombre. Puede solicitar el cambio todo aquel que tenga una causa justa para ello si la modificación no perjudica a terceras personas.
Cambio de apellidos
Requisitos:
-Que el afectado por el cambio usa y es conocido por el apellido que solicita.
-Que los apellidos nuevos pertenecen legítimamente al interesado.
-Que los apellidos que resulten del cambio, no pertenezcan a una sola línea, sino que sean uno de la paterna y el otro de la materna.
No obstante, las normas del Registro Civil tienen en cuenta determinados casos en los que algunos de dichos requisitos no son exigibles:
-No es necesario que concurra el primero de los señalados cuando se trate de apellidos que  ocasionen graves inconvenientes o cuando exista riesgo de que desaparezca un apellido español.
-No es necesario que concurran ninguno de dichos requisitos cuando se den circunstancias excepcionales.
-Tampoco es necesario que concurra ninguno de los requisitos en el caso en que el solicitante del cambio de apellidos sea objeto de violencia de género.


Requisitos comunes:
La inscripción del cambio de apellidos se realiza en el Registro Civil donde conste la inscripción de nacimiento.
Cambio del orden de los apellidos:
El sistema español de imposición de apellidos supone que una persona ha de llevar como primer apellido el primero del padre y como segundo el primero de la madre.
Pero esta regla general cambia cuando el padre y la madre, de común acuerdo, antes de la inscripción del nacimiento de su hijo, deciden invertir el orden de los apellidos de éste, de manera que se inscriba con el primero de la madre, como primero, y con el primero del padre, como segundo. El orden acordado para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de los siguientes hijos de los mismos padres. Por su parte, el hijo al alcanzar la mayoría de edad puede también solicitar que se altere el orden de sus apellidos
Cambio de nombre:
Libertad de elección:
Casi todos los nombres son hoy posibles. Solamente serán rechazados aquellos nombres que infrinjan algunas de las prohibiciones establecidas en la legislación.
Limitaciones:
No pueden imponerse más de dos nombres simples o de uno compuesto. El nombre no puede perjudicar objetivamente a la persona.  No se admiten los que hagan confusa la ni los induzcan en su conjunto a error sobre el sexo. No se puede atribuir a un hermano el nombre de otro hermano vivo.
Extranjeros que adquieren la nacionalidad española:
Si el nombre que consta en la certificación extranjera o el usado habitualmente está incluido en alguna de las limitaciones establecidas deberá ser sustituido, conforme a las normas españolas, por el elegido por el interesado o su representante legal y, en último término, por uno impuesto de oficio.
En el caso de nombres propios que consten en sistema de escritura distinto al nuestro se consignarán mediante su transcripción o transliteración, de manera que se consiga una adaptación gráfica y una equivalencia fonética.
Requisitos del cambio de nombre propio:
Es posible cambiar el nombre propio:
-Cuando lo solicite el interesado por usar habitualmente un nombre distinto del que consta en la inscripción de nacimiento o por otra justa causa.
-Cuando el nombre se hubiese impuesto con infracción de las normas establecidas.
-Cuando se trate de la traducción de un nombre extranjero.
-Cuando se trate de la traducción o adaptación gráfica o fonética a las lenguas españolas.
-Cuando se rectifique la mención registral del sexo.
Por el contrario, no procede el cambio de nombre propio, por falta de justa causa, cuando se pretenden cambios insignificantes de nombre propio. Sólo son admisibles estos cambios cuando tienen como fin corregir ortográficamente el nombre propio incorrectamente escrito.
Requisitos comunes a todos los cambios de nombre:
Ha de concurrir justa causa y no seguirse perjuicio para terceras personas. El cambio de nombre se realiza, previo expediente, por el encargado del Registro Civil del domicilio del interesado.
En el caso de que la causa del cambio sea el uso de nombre distinto del inscrito y no resulte probado el uso habitual, corresponde la competencia al ministro de Justicia y, por delegación, a la Dirección General de los Registros y del Notariado
El cambio de nombre y/o apellidos puede solicitarlo el interesado mayor de edad y los representantes legales de los menores o incapacitado.


Link Despacho



lunes, 29 de abril de 2013

¿Qué es la extradición?¿En que casos se aplica?


EXTRADICIÓN PASIVA:
Se podrá conceder la extradición por aquellos hechos para los que las Leyes Españolas y las de la parte requirente señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de libertad en su grado máximo o a una pena más grave; o cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad por hechos también tipificados en la Legislación Española.
Si la solicitud de extradición se basa en sentencia dictada en rebeldía del reclamado, en la que éste haya sido condenado a pena que, con arreglo a la Legislación Española, no puede ser impuesta a quien no haya estado presente en el acto del juicio oral, se concederá la extradición condicionándola a que la Representación Diplomática en España del país requirente, en el plazo que se le exija, ofrezca garantías suficientes de que el reclamado será sometido a nuevo juicio en el que deberá estar presente y debidamente defendido

 No se concede la extradición
1. Cuando se trate de delitos de carácter político.
2. Cuando se trate de delitos militares tipificados por la Legislación, de los cometidos a través de los medios de comunicación social en el ejercicio de la libertad de expresión.
3. Cuando la persona reclamada deba ser juzgada por un Tribunal de Excepción.
4. Cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal conforme a la Legislación Española o la del estado requirente.
5. Cuando la persona reclamada haya sido juzgada o lo esté siendo en España por los mismos hechos que sirvan de base a la solicitud de extradición.
6. Cuando el Estado requirente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.
7. Cuando el Estado requirente no hubiera dado las garantías exigidas suficientes.
8. Cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condición de asilado.
También se puede denegar:
1. Si se tuvieran razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas.
2. Cuando la persona reclamada sea menor de dieciocho años en el momento de la demanda de extradición y teniendo residencia habitual en España, se considere que la extradición puede impedir su reinserción social.


 Detención preventiva del presunto extraditado:
1. En caso de urgencia podrá ser interesada la detención como medida preventiva,  pero debe constar que  ésta responde a una sentencia condenatoria o mandamiento de detención firmes.
2. Si constaren todas las circunstancias necesarias, se procederá a la detención del reclamado, poniéndolo a disposición del Juzgado Central de Instrucción de guardia en plazo no superior a veinticuatro horas para que, si lo estima procedente, decrete la prisión provisional, que dejará sin efecto si transcurridos cuarenta días el país requirente no hubiere presentado en forma la solicitud de extradición.
3. El Juez podrá, en cualquier momento y en atención a las circunstancias del caso, acordar la libertad del detenido, adoptando alguna o algunas de las medidas siguientes para evitar su fuga.
vigilancia a domicilio orden de no ausentarse de un lugar determinado sin la autorización del Juez
orden de presentarse periódicamente ante la autoridad designada por el Juez      
retirada de pasaporte y prestación de una fianza
El incumplimiento de estas medidas dará lugar a la prisión provisional dentro del plazo establecido en el apartado anterior.
Extradición solicitada por varios estados
Si la extradición hubiere sido solicitada por varios Estados, bien por el mismo hecho o por hechos diferentes, se decidirá sobre aquélla por el Gobierno y en su caso la entrega del reclamado, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes y, especialmente, la existencia o no de Tratado, la gravedad relativa y lugar de la comisión del delito, fechas de las respectivas solicitudes, nacionalidad de la persona reclamada y posibilidad de una ulterior extradición a otro Estado.

EXTRADICIÓN ACTIVA
Cuando el estado español, solicita la extradición de un ciudadano, español o extranjero para ser juzgado en España, con arreglo a la legislación española, por la comisión de un delito tipificado conforme al Código Penal español, en este caso se dice que nos encontramos ante un caso de extradición activa.


Link Despacho



domingo, 28 de abril de 2013

10 Noticias importantes de la actualidad Jurídica( Semana del 21-28 Abril)


1ºEl PP aprueba una nueva ley hipotecaria con un rechazo unánime
El gobernante Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta en el Congreso, aprobó el jueves con únicamente sus propios votos una reforma de la ley hipotecaria española que ha producido un amplio rechazo en la oposición y los grupos de ciudadanos que fueron los primeros en movilizarse para detener los desahucios y reformar la ley.

Enlace Noticia


2ºEspaña, único país del mundo con dación de pago selectiva por exigencia legal
España rompe tabúes. Se ha convertido en el único país del mundo con dación de pago obligatoria por ley, aunque muy restringida en su aplicación.

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3º¿Quiénes no están obligados a declarar en la Renta 2012?
Está previsto que la presente campaña cuente con 19.525.000 declaraciones, de las que 14.935.000 darán derecho a devolución, por un importe total de 10.665 millones de euros, y 4.100.000 declaraciones saldrán con resultado a ingresar, por importe de 6.525 millones de euros.

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4ºLos menores serán considerados víctimas directas de la violencia de género
El Gobierno reformará la Ley integral contra la violencia de género para incluir a los hijos de las mujeres maltratadas también como víctimas directas, según el Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 que aprobó el pasado viernes y que tiene como objetivo reforzar la protección del menor.

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5ºLa sala de lo Civil del TS unificará doctrina sobre las participaciones preferentes
El próximo 9 de mayo, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se va a reunir en pleno para conocer de un recurso extraordinario por infracción procesal y de un recurso de casación sobre la demanda de un matrimonio contra el Banco de Santander. Lo que se decida sentará jurisprudencia, debiendo los tribunales en las causas civiles de las preferentes guiarse tal y como establezca el Supremo en su sentencia.

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6º¿Trabajaría en una empresa que le obliga a estar sano?
Las prácticas invasivas y exageradas en cuestiones que afectan a la salud de los empleados y a su intimidad empiezan a ser una norma para compañías que exceden los límites y el control.

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7ºAbogacía y Trabajo Social piden al Gobierno que generalice las Oficinas de Intermediación Hipotecaria para evitar desahucios
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Isabel Lima, junto con el decano del Colegio de Abogados de Terrassa, Miquel Sàmper, han presentado esta mañana al Gobierno un proyecto conjunto de Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) que pretende evitar, mediante la intermediación entre las entidades bancarias y los deudores, el mayor número posible de ejecuciones hipotecarias.

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8ºAprobado el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje
La Comisión de Educación y Deporte del Congreso aprobó ayer el informe de la ponencia del proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. De este modo, sigue su tramitación parlamentaria en el pleno, donde figura en el Orden del Día del 9 de mayo.

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9ºBanco Santander deberá devolver el dinero cobrado a los alumnos de Opening
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona por la que se condena al Banco Santander, entre otras entidades, a devolver a los alumnos de la red de academias de inglés Opening las cuotas de los préstamos pagados desde que se produjera el cierre de la empresa en agosto de 2002.

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10ºEn España no existe una legislación sucesoria específica para resolver el legado de los bienes digitales.
 Este vacío legal ya plantea problemas a notarios y abogados.

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sábado, 27 de abril de 2013

6 Métodos de lucha contra vecinos ruidosos

La convivencia en una comunidad de propietarios no siempre es fácil, a la existencia de morosos la cual está aumentando de manera desproporcionada, existen otros problemas que pueden dejar los controversias  que se viven en programas de televisión  como( la que se avecina), en meras anécdotas, en el artículo de hoy les voy a contras las principales vías para intentar luchar contra vecinos poco cívicos.


Primer método: El primer paso que realizaremos será el menos agresivo y es intentar dialogar con el vecino que está provocando el ruido, muchas veces las personas no son conscientes que el ruido que están haciendo pueden resultar molestos, si conseguimos solucionar el problema en este paso podremos evitar en meternos en procesos largos.
Segundo método: administrativa, aquí dirigiremos una denuncia mediante  escrito al ayuntamiento, donde argumentaremos de la manera más clara  el tipo de ruido, horas, personas, afectadas , o sea una descripción detalla sobre la procedencia de los ruidos y de quien los provoca.
Inspección de los técnicos municipales e informe de los mismos.
• Alegaciones de denunciante y denunciado. En determinados casos se pueden pedir medidas urgentes, como el cese inmediato de la actividad o el precintado de las instalaciones.
• Decreto del Alcalde que establecerá las medidas correctoras y el plazo de ejecución.
• En caso de reconocida urgencia, la denuncia puede formularse ante la Policía Municipal, que deberá realizar de forma inmediata una visita de inspección.
• Si el ruido está producido por un vehículo de motor la Policía Municipal está obligada a detenerlo en el acto y notificar la denuncia.
En caso de que el ayuntamiento se mantenga inactivo podemos acudir a la vía contencioso-administrativa.
En este punto existen una gran variedad de procesos caben destacarse:
• Contra la inactividad de la Administración o su actuación ilegal por vía de hecho
• Reclamación de indemnización a la Administración por las consecuencias de sus acciones u omisiones
• Procedimiento de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, por violación de los derechos constitucionales a la intimidad e inviolabilidad del domicilio.
• En todos los casos se precisa asistencia de abogado
Tercer Método: Vía Civil, en este punto podemos iniciar con una demanda ordinaria “reclamando daños y perjuicios” (art 1902 Código Civil), en caso de que la vivienda sea alquilar el arrendador puede rescindir el contrato (art.27.2 Ley de Arrendamientos Urbanos)
En supuestos de viviendas acogidas en régimen de propiedad horizontal, la comunidad puede solicitar  mediante procedimiento judicial la cesación de la actividad (art 7 Ley Propiedad Horizontal)
En estos proceso en líneas generales se necesitara abogado salvo limitación por cuestión de cuantía.
Cuarto Método: Este método es en los supuestos más graves donde se pongan en grave riesgo  la salud del demandante ( art.325 Código Penal), en este tipo de casos es conveniente contar con testigos y será de gran ayuda un certificado médico donde se acredite los daños provocados por el ruido, la denuncia deberemos presentarla o bien ante el Juzgado o bien ante la Fiscalía.
La pena impuesta para este tipo  de delito según el código penal 2 a 5 años, como se puede observar es una pena elevada pero esta reservada para supuestos concretos sumamente graves,  para presentar denuncia no será necesario abogado, ahora bien en caso de que sea una Querella si será necesario.
Quinto Método: Vía recurso de Amparo, este proceso será  el que se debe realizar una vez agotada la vía judicial si consideramos que no se han cumplido las expectativas de nuestras pretensiones.
Se  interpone ante el Tc basándose en el artículo 18 Ce ( violación derecho intimidad y la inviolabilidad del domicilio)
Sexto Método: Escrito ante el Defensor del Pueblo, el escrito no necesitara formalidad de ningún tipo, donde si el Defensor considera que se esta incumpliendo  por parte de autoridades y funcionarios le recomendara que deben hacer aunque esta  recomendación no es de obligatorio cumplimiento, los funcionarios finalmente deberán dar una respuesta  a la solicitud del Defensor en plazo 1 mes.

Espero que esta pequeña guía le sirva de ayuda,ya que  según parece estos problemas son una constante en muchísimas comunidades, un saludo a todos/as








viernes, 26 de abril de 2013

¿Qué es la Curatela?


CURATELA

Procede la curatela para las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.
La curatela de los incapacitados tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido.
Si la sentencia de incapacitación no hubiese especificado los actos en que deba ser necesaria la intervención del curador, se entenderá que ésta se extiende a los mismos actos en que los tutores necesitan,  autorización judicial.
Son aplicables a los curadores las normas sobre nombramiento, inhabilidad, excusa y remoción de los tutores.
No podrán ser curadores los quebrados y concursados no rehabilitados.
Si el sometido a curatela hubiese estado con anterioridad bajo tutela, desempeñará el cargo de curador el mismo que hubiese sido su tutor, a menos que el Juez disponga otra cosa.
Los actos jurídicos realizados sin la intervención del curador, cuando ésta sea preceptiva, serán anulables a instancia del propio curador o de la persona sujeta a curatela.
Los actos del declarado pródigo anteriores a la demanda de prodigalidad no podrán ser atacados por esta causa.

Están sujetos a curatela:

1.º Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley.

2.º Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad.

3.º Los declarados pródigos.


DEFENSOR JUDICIAL
Se nombrará un defensor judicial que represente y ampare los intereses de quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos:

1.º Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos padres, si el conflicto de intereses existiere sólo con uno de ellos, corresponderá al otro por ley, y sin necesidad de especial nombramiento, representar y amparar al menor o incapacitado.

2.º En el supuesto de que, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.

3.º En todos los demás casos previstos en el  Código Civil.

Cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela y en tanto no recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su representación y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando además del cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes, el Juez podrá designar un Administrador de los mismos, quien deberá rendirle cuentas de su gestión una vez concluida.
El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo.
Serán aplicables al defensor judicial las causas de inhabilidad, excusas y remoción de los tutores y curadores.
El defensor judicial tendrá las atribuciones que le haya concedido el Juez al que deberá rendir cuentas de su gestión una vez concluida.
LA GUARDA DE HECHO
Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y los bienes del menor o del presunto incapaz y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.
Los actos realizados por el guardador de hecho en interés del menor o presunto incapaz no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad.


Web despacho


jueves, 25 de abril de 2013

¿Cuándo una persona puede ser declarada incapaz?¿Quien ejerce la tutela?


Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial. Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Los menores de edad podrán ser incapacitados cuando concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad.
Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. La persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios, sin culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de éstos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento.
Estarán sujetos a tutela:
1.Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.
2.Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido.
3.Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela.
4.Los menores que se hallen en situación de desamparo
Los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar tutor para sus hijos menores o incapacitados. Serán ineficaces las disposiciones hechas  sobre la tutela si, en el momento de adoptarlas, el disponente hubiese sido privado de la patria potestad
Estarán obligados a promover la constitución de la tutela, desde el momento en que conocieran el hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o incapacitado.
El Juez constituirá la tutela previa audiencia de los parientes más próximos, de las personas que considere oportuno, y, en todo caso, del tutelado si tuviera suficiente juicio y siempre si fuera mayor de doce años. La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado.
En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del menor o del incapacitado y del estado de la administración de la tutela. Incluso el juez podrá establecer medidas de vigilancia y control

 NOMBRAMIENTO DEL TUTOR
Para el nombramiento de tutor se preferirá:
1.Al designado por el propio tutelado.
2.Al cónyuge que conviva con el tutelado.
3.A los padres.
4.A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.
5.Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.
El juez podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exige
La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo:
1.Cuando por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio.
2.Cuando la tutela corresponda al padre y a la madre, será ejercida por ambos conjuntamente de modo análogo a la patria potestad.
3.Si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su hermano y se considera conveniente que el cónyuge del tutor ejerza también la tutela.
4.Cuando el Juez nombre tutores a las personas que los padres del tutelado hayan designado en testamento o documento público notarial para ejercer la tutela conjuntamente.
 EJERCICIO DE LA TUTELA
El Juez, en cualquier momento y con justa causa, podrá dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la garantía que se hubiese prestado. Los tutores ejercerán su cargo de acuerdo con la personalidad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica.
El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular:
1.A procurarle alimentos.
2.A educar al menor y procurarle una formación integral.
3.A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad.
4.A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración
El tutor único y, en su caso, el de los bienes es el administrador legal del patrimonio de los tutelados y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de un buen padre de familia.
El tutor necesita autorización judicial:
1.Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial.
2.Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones.
3.Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.
4.Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades.
5.Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.
6.Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.
7.Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
8.Para dar y tomar dinero a préstamo.
9.Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.
10.Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelados
No necesitarán autorización judicial la partición de herencia ni la división de cosa común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirán aprobación judicial.
EXTINCIÓN DE LA TUTELA 
La tutela se extingue:
1.Cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado.
2.Por la adopción del tutelado menor de edad.
3.Por fallecimiento de la persona sometida a tutela.
4.Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad.
5.Cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de ésta la recupere.
6.Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación, o que modifique la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela.
El tutor al cesar en sus funciones deberá rendir la cuenta general justificada de su administración ante la autoridad judicial en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa.
La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los cinco años, contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarlo. Los gastos necesarios de la rendición de cuentas, serán a cargo del que estuvo sometido a tutela
El saldo de la cuenta general devengará interés legal, a favor o en contra del tutor. Si el saldo es a favor del tutor, devengará interés legal desde que el que estuvo sometido a tutela sea requerido para el pago, previa entrega de sus bienes. Si es en contra del tutor, devengará interés legal desde la aprobación de la cuenta.
La aprobación judicial no impedirá el ejercicio de las acciones que recíprocamente puedan asistir al tutor y al tutelado o a sus causahabientes por razón de la tutela.

Web despacho



miércoles, 24 de abril de 2013

Información sobre la compraventa


Forma del contrato de compraventa
En el contrato de compra y venta una de las partes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. El señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.
La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato.
Si hubiesen mediado arras o señal en el contrato de compra y venta, podrá rescindirse el contrato allanándose el comprador a perderlas, o el vendedor a devolverlas duplicadas.
Los gastos de otorgamiento de escritura serán de cuenta del vendedor, y los de la primera copia y los demás posteriores a la venta serán de cuenta del comprador, salvo pacto en contrario.

Si al tiempo de celebrarse la venta se hubiese perdido en su totalidad la cosa objeto de la misma, quedará sin efecto el contrato. Pero si se hubiese perdido sólo en parte, el comprador podrá optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, abonando su precio en proporción al total convenido.

Capacidad para la celebración del contrato.

Podrán celebrar el contrato de compra y venta todas las personas que estén  para obligarse, salvo las modificaciones contenidas a continuación:                                                                
Los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente.                                                                              
No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia:
Los que desempeñen algún cargo tutelar, los bienes de la persona o personas que estén bajo su guarda o protección.
Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen encargados.
Los albaceas, los bienes confiados a su cargo.
Los empleados públicos, los bienes del Estado, de los Municipios, de los pueblos y de los establecimientos también públicos, de cuya administración estuviesen encargados.
Obligaciones del vendedor 

El vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión del comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato.
El vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida, si el comprador no le ha pagado el precio o no se ha señalado en el contrato un plazo para el pago. Tampoco tendrá obligación el vendedor de entregar la cosa vendida cuando se haya convenido en un aplazamiento o término para el pago, si después de la venta se descubre que el comprador es insolvente, de tal suerte que el vendedor corre inminente riesgo de perder el precio.
Se exceptúa de esta regla el caso en que el comprador afiance pagar en el plazo convenido.

El vendedor responderá al comprador:
De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida.
De los vicios o defectos ocultos que tuviere.
Del saneamiento en caso de evicción.
Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada. El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato.
Los contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir o suprimir esta obligación legal del vendedor. Pero era nulo todo pacto que exima al vendedor de responder de la evicción , siempre que hubiere mala fe de su parte.


Si el comprador perdiere, por efecto de la evicción, una parte de la cosa vendida de tal importancia con relación al todo que sin dicha parte no la hubiera comprado, podrá exigir la rescisión del contrato; pero con la obligación de devolver la cosa sin más gravámenes que los que tuviese al adquirirla.
El vendedor estará obligado al saneamiento que corresponda, siempre que resulte probado que se le notificó la demanda de evicción a instancia del comprador. Faltando la notificación, el vendedor no estará obligado al saneamiento.
Del saneamiento por los defectos o gravámenes ocultos de la cosa vendida.
El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.
El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, aunque los ignorase.
El comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándose le los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.
Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.

Si la cosa vendida se perdiere por efecto de los vicios ocultos, conociéndolos el vendedor, sufrirá éste la pérdida, y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato, con los daños y perjuicios. Si no los conocía, debe sólo restituir el precio y abonar los gastos del contrato que hubiese pagado el comprador.
Si la cosa vendida tenía algún vicio oculto al tiempo de la venta, y se pierde después por caso fortuito o por culpa del comprador, podrá éste reclamar del vendedor el precio que pagó con la rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de perderse.
Si el vendedor obró de mala fe, deberá abonar al comprador los daños e intereses. Las acciones que emanan de lo dispuesto anteriormente se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida.
Obligaciones del comprador

El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijado por el contrato. Si no se hubieren fijados, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida.
El comprador deberá intereses por el tiempo que medie entre la entrega de la cosa y el pago del precio, en los tres casos siguientes:
Si así se hubiere convenido.
Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta.
Si se hubiere constituido en mora.
Si el comprador fuere perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida, o tuviere fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o hipotecaria, podrá suspender el pago del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro, a no ser que afiance la devolución del precio en su caso, o se haya estipulado que, no obstante cualquiera contingencia de aquella clase, el comprador estará obligado a verificar el pago.
Si el vendedor tuviere fundado motivo para temer la pérdida de la cosa inmueble vendida y el precio, podrá promover inmediatamente la resolución de la venta.
La venta se resuelve por las mismas causas que todas las obligaciones, y además, por las expresadas en los capítulos anteriores, y por el retracto convencional o por el legal.


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martes, 23 de abril de 2013

Derechos y obligaciones del arrendador y arrendatario


Obligaciones del arrendatario:
1- Abonar la renta estipulada y hacer frente los gastos asimilados acordados
2-Usar la cosa arrendada con la debida diligencia destinándola a satisfacer su necesidad primaria permanente de vivienda o la de su cónyuge o hijos dependientes
3- Abstenerse de variar la forma de la cosa arrendada, de ejecutar obras sin consentimiento del arrendador,
4- Soportar las obras de mejora no diferibles a la expiración del contrato
5- Comunicar al arrendador las usurpaciones o novedades dañosas que un tercero haya realizado o abiertamente prepare en la cosa arrendada
6-Llevar a cabo las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda
7-Prestar la fianza
En el caso de que el arrendatario no cumpliese con lo pactado, el arrendador podrá pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato subsistente.
El arrendatario debe devolver la vivienda  arrendada, al concluir el arrendamiento, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable. El arrendatario es responsable del deterioro causado por las personas y animales de su casa.
Obligaciones del arrendador:
1- Entregar al arrendatario la vivienda objeto del contrato
2-Ejecutar las obras necesarias para la conservación de la vivienda
3-Mantener al arrendatario en el uso pacífico de la cosa arrendada durante el tiempo pactado
4-El saneamiento de la cosa arrendada
5-La exigencia de fianza



Realización de obras de mejora

El arrendatario estará obligado a soportar la realización por el arrendador de obras de mejora cuya ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento. 
  
El arrendador que se proponga realizar una de tales obras deberá notificar por escrito al arrendatario, al menos con tres meses de antelación, su naturaleza, comienzo, duración y coste previsible.
  
El arrendatario que soporte las obras tendrá derecho a una reducción de la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que se vea privado por causa de aquéllas, así como a la indemnización de los gastos que las obras le obliguen a efectuar. 


Reparto de los Gastos Generales
Las partes pueden pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.
Los  gastos generales aquéllos necesarios para el adecuado sostenimiento del inmueble que no sean susceptibles de individualización como son: los trasteros, plazas de garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos
No obstante dicho pacto 
no exonerará al propietario de hacer frente a sus obligaciones fiscales, aunque pueda derivar la obligación económica de pago al arrendatario. 

El impago de los gastos de comunidad y del IBI fundamentaría la resolución de un contrato de arrendamiento .





lunes, 22 de abril de 2013

Comunidad de propietarios obligaciones y derechos


La Comunidad de Propietarios es la formada por el conjunto de los propietarios de una finca urbana o urbanización. Su regulación fundamentalmente se encuentra en la Ley de propiedad horizontal.
Vemos como a  cada piso o local se le atribuye una cuota de participación para establecer los gastos de la comunidad que debe abonar. Ello se establece cogiendo como base la superficie útil del piso o local en relación con el total, su situación y su uso.

Obras y actividades prohibidas

  • Las normas de convivencia serán las fijadas en los estatutos de la Comunidad o las acordadas por el conjunto de propietarios.
  • En cuanto a las obras y reformas hay que decir que los propietarios podrán hacer todas las obras que deseen, sólo  en su propiedad (piso o local) siempre que:                                               
  •  No  alteren la seguridad del edificio o su estructura general.
  •   No perjudique los derechos de otro propietario.  
                                                                   

Comunique la realización de tales obras previamente a la Comunidad.

  • El propietario  del piso o local no podrá realizar actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las normas generales. 
  • El propietario que no cumpla lo establecido en los estatutos o realice actividades que puedan ser perjudiciales, será requerido por el presidente de la comunidad para que cese en su actuación. Si aún así continua o persiste en la realización de dichas actividades podrá ser demandado judicialmente por el presidente con autorización de la Junta de Propietarios 

La sentencia judicial podrá contener algunas de las siguientes medidas:                                  

  • Que el infractor ponga fin definitivamente a la actividad prohibida.                                              
  • Que el infractor indemnice a la Comunidad por los daños y perjuicios causados.                               
  • Que el infractor sea privado del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años.
  • Los pisos o locales pueden ser objeto de unión o división, ya sea material o parcial. En tales casos se requiere la aprobación por unanimidad de la Junta de Propietarios, a la que corresponde la fijación de nuevas cuotas de participación para los pisos reformados.

Obligaciones de los propietarios
Las obligaciones más destacadas del propietario son, entre otras, las siguientes:

  • Respetar las instalaciones generales de la Comunidad y demás elementos comunes.    Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local.                                    
  • Consentir en su vivienda o local las reparaciones y entradas que exija el servicio del edificio y permitir en él las servidumbres imprescindibles para la creación de servicios comunes de interés general                                                                                                          
  • Contribuir, con arreglo a su cuota de participación, a los gastos generales.                                   
  • El comprador de la vivienda o local responde con el propio inmueble que adquiriere, de las cantidades adeudadas a la Comunidad de Propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que correspondan al año en el que se realiza la compra y al anterior.                                                                                         
  • Observar la diligencia debida en el uso del inmueble                                                           
  • Comunicar al secretario de la comunidad el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de todo tipo relacionadas con la Comunidad.                                                
  • Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la Comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda o local.

Obligaciones de la Comunidad  

  • La Comunidad está obligada a realizar las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y seguridad.
  • Los propietarios que se opongan a la ejecución de las órdenes dictadas por la autoridad, responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía administrativa
  • Por otra parte, ningún propietario puede exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras que no sean necesarios para la adecuada conservación, habitabilidad y seguridad del edificio 
  • Las innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario requerirán, en todo caso, el consentimiento expreso de éste.


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sábado, 20 de abril de 2013

7 noticias importantes de la actualidad jurídica y social (15-21 abril)

1º Un juzgado de Arrecife anula una hipoteca por usura al tener un interés moratorio del 19%

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arrecife (Lanzarote) ha anulado la escritura de préstamo hipotecario entre el BBVA y una familia “por usura” al tener un interés moratorio del 19%.
El auto también dispone que la concepción de los intereses moratorios como una sanción o pena por el incumplimiento de la obligación de pagar las cuotas del préstamo hipotecario “carece de sentido” actualmente. Y añade: “La inmensa mayoría de las personas que dejan de pagar un préstamo hipotecario lo hacen sin ningún tipo de culpa por su parte sino por el hecho de haber perdido su trabajo y encontrarse en el paro”

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2ºLos jueces unifican criterios sobre las ejecuciones hipotecarias a la espera de que se reforme la normativa
Jueces de varias provincias españolas están unificando criterios en relación a los procedimientos de ejecución hipotecaria. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo estableció que la legislación española sobre desahucios no se adecua a la normativa europea pero el Parlamento español todavía no ha adaptado las leyes nacionales a los requisitos europeos. Por ello, muchos jueces están considerando que el ciudadano se encuentra actualmente en una situación de inseguridad jurídica y a la luz de la posible nulidad de ciertas cláusulas por abusivas, están reuniéndose para acordar criterios y evitar así resoluciones contradictorias.

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3ºSe simplificarán los 40 modelos de contratos de trabajo existentes

  • El empresario podrá conocer cuáles son los incentivos o los beneficios que lleva aparejada la contratación en sus cuarenta modalidades.
  • Se trata de una clarificación administrativa sin trascendencia en lo esencial de cada modalidad de contrato.
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4ºEl Tribunal Supremo confirma una multa a BP por fijación indirecta de precios en las estaciones de servicio de empresarios independientes
British Petroleum-Oil España, S.A.U. (BP) fue, al igual que otras dos operadoras (Repsol y Cepsa), sancionada por la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 30 de julio de 2009 por haber incurrido en prácticas contrarias a la competencia, prohibidas por el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 16 de julio, de Defensa de la Competencia, y el artículo 81 del Tratado de la Comunidad Económica Europea. Se trata de las consistentes en haber fijado indirectamente el precio de venta al público a empresarios independientes que actúan bajo su bandera restringiendo así la competencia entre las estaciones de servicio de su red y entre el resto de las estaciones de servicio; fijación que supuso un alineamiento de precios entre esas operadoras. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena.

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5ºEl Congreso da luz verde a la ley antidesahucios 


La norma entrará en vigor a principios de mayo e incluirá una reducción de la deuda de los afectados de hasta el 35% y un tope a los intereses de demora que cobran las entidades

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6-El Supremo valida las notificaciones electrónicas como medios de prueba fehacientes

En un Auto de la Sala 1a del Tribunal Supremo, dictado por el Magistrado Ponente D. Xavier O’Callaghan Muñoz, se ha confirmado la validez de la notificación a correo electrónico y de los requerimientos realizados por un procurador a su cliente utilizando la plataforma tecnológica de certificación Evicertia, de la empresa Evidencias Certificadas S.L. El Supremo avala, así, la actividad llevada a cabo por empresas prestadoras de servicios de certificación electrónica y otorga plena eficacia y validez jurídica a las comunicaciones electrónicas practicadas de forma telemática al correo electrónico del destinatario.

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7ºEl TS confirma que el "singular" indulto al banquero Sáenz fue irregular y no tiene precedentes en su jurisprudencia


El Tribunal Supremo ha inadmitido el incidente de nulidad de actuaciones que el consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz presentó contra la sentencia en la que se anulaban los efectos administrativos -la cancelación de los antecedentes- del indulto concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha añadido que un caso "tan singular" como el enjuiciado carece de precedentes en la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativa.





















Infracciones y sanciones de tráfico (II)


Todos los ciudadanos  podrán denunciar  hechos que constituyan una infracción de la Ley de Seguridad Vial, pero los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y los Agentes encargados del servicio de Vigilancia del Tráfico  tienen la obligación de hacerlo siempre.
La denuncia efectuada por los agentes de tráfico deberá contener una serie de datos para que sea válida:
identificación del vehículo
Quién es el denunciado.
La relación de los hechos, indicando el lugar, la fecha y la hora, el nombre, la profesión y el domicilio del denunciante. Si la denuncia es interpuesta por un agente, su número de identificación.
La notificación de la denuncia al infractor
Las denuncias se deben notificar en el acto, si no es  posible podrán notificarse por correo electrónico o también la notificación se realizará en el domicilio que figure en los Registros de la Dirección General de Tráfico.
Las declaraciones de los agentes tienen valor probatorio respecto de los hechos denunciados y se presumen ciertas. Para oponernos a ellas podemos proponer todas las pruebas que consideremos necesarias.
La Ley de Seguridad Vial contempla dos tipos de procedimiento sancionador: El procedimiento abreviado y el ordinario dependiendo de si se procede o no al pago de la multa impuesta dentro de los 15 días siguientes
El procedimiento abreviado
Este procedimiento permite el conductor beneficiarse de una reducción del 50 % del importe de la multa, pero implica la renuncia a presentar alegaciones. Una vez realizado  el pago termina automáticamente el procedimiento. El pago pone fin a la vía administrativa, y  podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en del plazo de 2 meses desde el día siguiente al que se realice el pago.
La sanción solo constará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores si lleva aparejada la pérdida de puntos.
El procedimiento ordinario
 El interesado dispondrá, después de notificada la denuncia, un plazo de 15 días naturales para formular las alegaciones y proponer pruebas. La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar a los 30 días naturales.

El organismo competente para sancionar la infracción dispone de un plazo de 3 meses en caso de infracciones leves, de 6 meses en el de graves y muy graves. Estos plazos se cuentan a partir de la fecha en la que se comete la infracción, por lo que puede decirse que las infracciones prescriben a los 3 o a los 6 meses desde su comisión.
Este plazo se interrumpe por cualquier actuación de la administración destinada a averiguar la identidad del infractor o por la notificación de la infracción. El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de 1 mes por causa no imputable al denunciado.
Si la resolución sancionadora no se dicta en el plazo de 1 año desde que se iniciara el procedimiento, caducará y se procederá al archivo de las actuaciones.
Contra las resoluciones dictadas, puede interponerse el llamado recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ministro del Interior quien podrá delegar sus competencias para resolver en la Dirección General de Tráfico.
Si la resolución pone fin a la vía administrativa, puede interponerse el denominado recurso de reposición  ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de 1 mes o directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses.
Donde y cuando hay que pagar las multas
En los órganos de recaudación de la Administración gestora, directamente o a través de entidades bancarias colaboradoras.
Una vez sea firme la resolución, tendremos 30 días naturales para pagar la multa. Si no se realiza el pago, se iniciará un procedimiento de apremio  para proceder al embargo por la cuantía  de la sanción,  los intereses de la deuda y de las costas. Normalmente se embargarán los saldos de cuentas corrientes y las devoluciones de las declaraciones de la renta que tengamos a nuestro favor en la Agencia Tributaria.
Si la sanción consiste no sólo en el pago de una multa sino en la suspensión o revocación del permiso de conducir, el órgano sancionador nos requerirá para que lo entreguemos. Nos devolverán el permiso cuando haya transcurrido el tiempo que dure la sanción.

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viernes, 19 de abril de 2013

Tipos de infracciones y sanciones (parte I)


Las infracciones de tráfico pueden calificarse como graves, muy graves y leves.                          
Serán consideradas infracciones muy graves:                                                                                        
No respetar los límites de velocidad establecidos legalmente.                                                              
Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas superando las tasas permitidas, o haber consumido estupefacientes, psicotrópicos, y sustancias similares.                                                                              
No cumplir con la obligación de someterse a las pruebas de alcoholemia cuando son requeridos por la autoridad.                                                                                                                                        
Conducir de forma temeraria.                                                                                                                
Instalar inhibidores de radar y dispositivos similares.                                                                              
No identificar al conductor responsable de la infracción.                                                                  
Ocupar más  del número de plazas del  vehículo.                                                                                        
Competir o hacer carreras de vehículos no autorizadas.                                                                  
Circular sin las autorizaciones administrativas pertinentes.
Son infracciones graves:                                                                                                                      
Conducir de forma negligente.                                                                                                                          
No respetar los límites de velocidad.                                                                                                
Arrojar a la vía objetos.                                                                                                              
Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores etc.                                        
No respetar el semáforo, ni las señales de stop o ceda el paso.                                                            
No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco.                                    
Las paradas y estacionamientos en lugares peligrosos que obstaculicen.                                                
Circular sin luces en situaciones de mala visibilidad o, por el contrario, deslumbrando al resto de los conductores o usuarios de la vía.

Son infracciones leves, todas aquellas que no se encuentren entre los supuestos específicos de infracciones graves y muy graves.
Las sanciones                                                                                                                                                    
Las infracciones que hemos comentado en los párrafos anteriores serán sancionadas de la siguiente forma: Las infracciones leves  se sancionan con una multa de hasta 100 euros; las infracciones graves con multa de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros.
No obstante, siempre  hay casos especiales como por ejemplo: Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar  tendrán una multa de hasta 6.000€, o  realizar obras en la vía sin autorización, con multas de entre 3.000 y 20.000 €.
También hay que tener en cuenta si no se ha  impuesto al conductor la suspensión o revocación del permiso, estos podrán aprovecharse de un beneficio de  50% de descuento sobre el importe de la multa siempre que se haga efectivo en el plazo de los 15 días siguientes a la imposición de la sanción.
La pérdida de puntos                                                                                                                                      Los conductores tendrán  12 puntos en su permiso de conducir, excepto que tengan menos de 3 años de antigüedad que entonces contaran con  8 puntos y aquellos que ya hayan perdido los 12 puntos y hayan obtenido un nuevo permiso, que tendrán también un máximo de 8 puntos. El número de puntos se reducirá por cada sanción firme en vía administrativa que se le imponga por la comisión de infracciones graves o muy graves que conlleven. Así:
Las infracciones muy graves pueden suponer la pérdida de hasta 6 puntos, las graves de 4 puntos y otras infracciones la pérdida de 3 puntos .
Los conductores no podrán perder más de 8 puntos por acumulación de infracciones en un solo día, salvo que se trate de la comisión de infracciones muy graves y así lo permita la legislación vigente.
Si los conductores sancionados con la pérdida de puntos no comenten nuevas infracciones que conlleven la pérdida de puntos en los 2 años siguientes, recuperarán los 12 puntos iniciales, salvo que se trate de infracciones muy graves, en cuyo caso tardarán en recuperarse 3 años. Los conductores que no sean sancionados podrán ser bonificados hasta alcanzar un máximo de 15 puntos en vez de los 12 iniciales.
Quién es el responsable por la comisión de una infracción de tráfico?
La responsabilidad recaerá siempre sobre la persona que la haya cometido:                                            
El titular  del vehículo: Es responsable de las infracciones referentes a la documentación del vehículo y a su estado de conservación.
El conductor ( que no tiene necesariamente que ser el propietario): El responsable de la infracción de tráfico es siempre el conductor.
El titular deberá manifestar si el infractor es él mismo o una tercera persona; si no lo hace puede ser condenado como autor de una falta muy grave.                                                                                                                                                
El fabricante: Es responsable tanto del vehículo como de sus componentes.
Que responsabilidad se puede exigir                                                                                                      
La responsabilidad derivada de una infracción de tráfico puede ser:                                    
Administrativa: Las infracciones se sancionan en función de su gravedad.                                          
Penal: Las infracciones de tráfico pueden implicar también la comisión de un delito como el de la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas los que a su vez se derivan responsabilidades civiles con la finalidad de indemnizar los daños que se han causado.

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jueves, 18 de abril de 2013

Jornada de trabajo, permisos y vacaciones

¿Qué es el período de prueba? es un tiempo acordado entre trabajador y el empresario,  para comprobar si el trabajador está o no capacitado para desarrollar el trabajo para el que ha sido contratado. Cualquiera de ellos puede dar por finalizada la relación laboral sin preaviso y sin derecho a indemnización.
Si el trabajador ya ha desempeñado con anterioridad para la misma empresa las mismas funciones para las que se le contrata nuevamente, se entenderá suprimido el período de prueba.

¿Cuanto puede o debe durar? Podrá concertarse por escrito un período de prueba, con sujeción a los límites de duración que se establezcan en los Convenios Colectivos. En defecto de pacto en Convenio, la duración del período de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el período de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.
Durante el período de prueba, el trabajador tiene los derechos y obligaciones que corresponden al puesto de trabajo que desempeña como el resto de la plantilla. La duración del periodo de prueba computa a efectos de antigüedad.

Jornada de trabajo. Normalmente se trabajarán  40 horas semanales. Pero mediante acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, podrán establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año.
Los tiempos mínimos de descanso serán: 
Entre el final de la jornada y el comienzo de la del día siguiente debe mediar como mínimo 12 horas.
Cuando la jornada diaria continua supere  las 6 horas diarias, debe de existir un periodo de descanso de al menos  15 minutos. Los menores de 18 años no podrán realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo.
Los trabajadores tendrán un descanso mínimo semanal de día y medio sin interrupción, que será de 2 días en el caso de los menores de 18 años.
Las fiestas laborales tienen carácter retribuido.


Horas extraordinarias La realización de horas extraordinarias es voluntaria, pero pueden ser exigidas por el empresario cuando  exista pacto al respecto o así figure en el convenio colectivo o en los casos en los que su realización sea necesaria para prevenir o reparar siniestros.
El límite máximo de las horas extraordinarias no puede ser superior a 80 horas al año.

¿Todos los trabajadores pueden realizar horas extraordinarias? La realización de horas extraordinarias está prohibida a los siguientes grupos de trabajadores:

Menores de 18 años. Trabajadores nocturnos. En los trabajos que se realizan en el interior de las minas salvo casos de fuerza mayor
¿Cuanto tiempo duran las vacaciones? La duración de las vacaciones puede establecerse por pacto entre trabajador y empresario, o por convenio colectivo, pero su  tiempo no puede ser inferior a 30 días naturales.
Cuando se disfrutan? Las vacaciones  deben disfrutarse por el trabajador dentro del año natural en el que se devengan. Su disfrute  no puede ser sustituido por una compensación económica ni acumularse a las que se devenguen en años sucesivos. Si el período de vacaciones coincide en el tiempo con una incapacidad temporal derivada de embarazo, parto o lactancia natural, o con la suspensión del contrato de trabajo por causas económicas, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
 Retribución Las vacaciones anuales son retribuidas y la cuantía de su retribución coincide con la que perciba normalmente el trabajador en su jornada habitual. 
También están lo que se conoce como permisos retribuidos o licencias, y su duración y características se regulan legalmente.
Matrimonio: tiene un periodo de 15 días naturales.                                                                                                                 Embarazo:  el tiempo indispensable para consultas medicas etc                                                                                                                           Maternidad: un permiso de 16 semanas en los casos de parto simple                                                                                       Adopción:  El permiso puede ser disfrutado por la madre o el padre indistintamente y su duración dependerá de la edad del menor: 16 semanas en el caso de menores de 9 meses o de 6 semanas en el caso de que el niño sea mayor de 9 meses y menor de 5 años.                                                                                          Nacimiento o fallecimiento de hijo, enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. El trabajador podrá ausentarse durante 2 días o 4 en los casos en los que tuviese que desplazarse.                                                                                                                                         Lactancia del hijo menor de 9 meses: una hora de ausencia al trabajo que podrá dividirse en dos fracciones de media hora.                                                                                                                                                                                                      Por mudanza: un día.                                                                                                                                                                                                        Para el cumplimiento de un deber inexcusable de naturaleza pública y personal, el trabajador dispondrá del tiempo indispensable que le permita cumplir con esta obligación                                                                                                     Para el ejercicio de funciones sindicales,  el tiempo que legalmente se establezca                                                                                        Para la formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo                                                             Para la realización de exámenes académicos, el tiempo necesario                                                                                                                                       Para la realización de asuntos propios, lo que establezca el convenio o lo acordado con el empresario ; normalmente carecen de retribución


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