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viernes, 31 de mayo de 2013

Acuerdos de la Junta de propietarios. ¿Qué mayorías se necesitan?


Los acuerdos adoptados por la Junta de propietarios deberán sujetarse  a las siguientes mayorías                 
1. Unanimidad

Sólo será exigible la unanimidad para la validez de los acuerdos que supongan  la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad.

2. Tres quintos

Será necesario el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación para los siguientes acuerdos:
-el establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general.
-el arrendamiento de elementos comunes que no tenga asignado un uso específico en el inmueble, así como el consentimiento del propietario directamente afectado, si lo hubiere.

-el establecimiento o supresión de equipos o sistemas distintos de los mencionados en el apartado anterior que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos. No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación, aplicándose, en este caso, el sistema de repercusión de costes establecido en el apartado anterior.


 3. Un tercio

Podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación:
-la instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación, o la adaptación de los existentes, así como la instalación de sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento de la energía solar, o bien de las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos.
La comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de dichas infraestructuras comunes, sobre aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo. No obstante, si con posterioridad solicitasen el acceso a los servicios  y ello requiera aprovechar las nuevas infraestructuras podrá autorizárseles siempre que abonen el importe que les hubiera correspondido.             
        
4. Mayoría

Requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación:
-la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con minusvalía, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos.
        
Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
En segunda convocatoria serán validos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes.
                 
Si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara en una plaza individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se procederá a su instalación. El coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el o los interesados directos en la misma.

        
A los efectos establecidos en los párrafos anteriores de esta norma, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, no manifiesten su discrepancia por comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción.


Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a todos los propietarios.


jueves, 30 de mayo de 2013

Requisitos para reagrupación familiar

Requisitos para reagrupar
1. No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de Suiza.
2. No encontrarse irregularmente en territorio español.
3. Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia
4. No tener prohibida la entrada en España.
5. Tener asistencia sanitaria  por estar cubierta por la Seguridad Social o contar con un seguro privado de enfermedad.
8. Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento
9. Tener  medios económicos suficientes para atender  las necesidades de la familia.
10. Disponer de vivienda adecuada.
 No obstante, el reagrupante deberá haber residido en España durante un año como mínimo y haber obtenido la autorización para residir por, al menos, otro año. Para reagrupar a los ascendientes el reagrupante deberá ser titular de una autorización de larga duración o larga duración.

Quienes pueden ser reagrupados
1-     El cónyuge o persona con la que el reagrupante mantenga una relación de afectividad análoga a la conyugal.
2-     Los hijos del reagrupante y del cónyuge o pareja, incluidos los adoptados,  menores de dieciocho años o discapacitados.
3-      Representados legalmente  por el  reagrupante, menores de dieciocho años o  tengan una discapacidad.
4-      Ascendiente en primer grado  del reagrupante  residente de larga duración, o de su cónyuge  o pareja, cuando estén  a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco  años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar la residencia en España.
Documentos a presentar
Se deberán aportar copias de los documentos y presentar  los originales en el momento de la solicitud.
1. Impreso  de solicitud en modelo oficial  
2. Copia del pasaporte  completo.
3. Documentación que acredite que cuenta con  empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia.
4. Documentación acreditativa de disponer de vivienda adecuada
5. Copia del pasaporte  completo  del reagrupado.
6. Copia de la documentación acreditativa de los vínculos familiares o de parentesco o existencia de la unión de hecho o de la representación.
No obstante, dependiendo de si el reagrupado en hijo, cónyuge o ascendiente del reagrupante es necesario presentar, además, se requerirá acreditar dichas condiciones.
Plazo de resolución de la solicitud
En torno a unos  cuarenta y cinco días contados a partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo  sin que la Administración haya practicado la notificación, se podrá  entender que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo.

En el caso de concesión, el familiar reagrupado dispone de dos meses desde la notificación de la concesión, para  solicitar personalmente el visado  en  la  misión diplomática u oficina consular en cuya  demarcación resida.

lunes, 27 de mayo de 2013

Reforma del código penal, algunos puntos de interés

Información sacada de www.abogacia.es

ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
    • El matrimonio forzado se tipifica como delito agravado de coacciones.
    • Se crea un nuevo tipo penal de acoso para castigar conductas que, sin emplear la violencia, coartan la libertad de la víctima mediante vigilancias o llamadas reiteradas.
    • Se castiga la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima, aunque ella se las facilitase a alguien.
    • Será delito cualquier acto sexual con menores de trece años y hasta los dieciséis años se considerará abuso sexual cuando exista engaño o se abuse de una posición de confianza, autoridad o influencia.
    • Se amplía el comiso, además de a los delitos de terrorismo y crimen organizado, a los de blanqueo, receptación, trata de seres humanos, prostitución y abuso de menores, tráfico de drogas, falsificación de moneda y corrupción
    • Se agiliza la cancelación de antecedentes penales.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de reforma del Código Penal, y ha decidido remitirlo para su dictamen a los organismos competentes. Con el nuevo texto se procede a la revisión del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves. A las principales novedades del texto legal, ya incluidas en el informe que estudió el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, se han introducida algunas más a petición de otros Ministerios.
Destaca la introducción de nuevas figuras delictivas, especialmente relevantes en materia de violencia sobre la mujer, como la tipificación del delito de matrimonio forzado (artículo 172 bis), con el que se castigará la violencia o intimidación para obligar a contraer matrimonio y la violencia, intimidación o engaño para forzar a abandonar el territorio nacional o no regresar con esa misma finalidad.

También se castigarán a partir de ahora los actos reiterados de acecho u hostigamiento, como llamadas telefónicas continuas, que pueden lesionar gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, pero que en muchas ocasiones no pueden ser tipificadas como delitos de coacciones o amenazas, porque no se produce violencia.
Se pena la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que ésta lo sepa, cuando afecten gravemente a su intimidad. El Código Penal vigente sólo castiga el apoderamiento o interceptación de cartas o mensajes privados de la víctima, pero no preveía cuando era ella misma quien se los facilitaba a la persona que luego los difundía.
Asimismo, se incorpora al Código Penal como delito la inutilización de dispositivos electrónicos utilizados para controlar el cumplimiento de penas.

Comiso
Como novedades respecto al informe presentado al Consejo de Ministros, figura también la extensión del comiso ampliado (comiso de bienes procedentes de actividades similares anteriores a las que son objeto de condena) a los delitos de blanqueo, receptación profesional, trata de seres humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, tráfico de drogas, falsificación y corrupción en el sector privado. Hasta ahora sólo se aplicaba en delitos de terrorismo y crimen organizado.
Además, se aumenta la posibilidad de utilización de esos bienes por parte de la Policía y se racionaliza la conservación de muestras de sustancias intervenidas, de forma que sólo quede lo necesario para realizar los análisis oportunos. Se simplifica el sistema de cancelación de antecedentes penales para facilitar la operatividad del sistema europeo de intercambio de información.

Delitos contra la libertad sexual
La reforma incluye la transposición al ordenamiento jurídico español de varias Directivas europeas relativas a la lucha contra el racismo y la xenofobia, por la que se tipifica la negación del genocidio siempre que incite al odio contra las minorías; y a la lucha contra los abusos y explotación sexual de los menores y pornografía infantil. Ésta ha obligado a introducir modificaciones en los delitos contra la libertad sexual; en concreto, en los abusos sexuales cometidos sobre menores de edad.
Así, la realización de cualquier acto de carácter sexual con menores de trece años será considerada siempre un hecho delictivo. En el caso de que la víctima tenga entre trece y dieciséis años, se considerará abuso sexual si se comete mediante engaño o abuso de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia. Y se castigará con hasta tres años de cárcel el hacer presenciar a un menor de trece años actos sexuales sobre otras personas.
Además, se elevan las penas de los delitos de prostitución que afectan a menores o personas discapacitadas y se considerará pornografía infantil imágenes realistas de menores participando en conductas sexuales explícitas, aunque no sean reales. También se sancionará al que a través de medios tecnológicos contacte con un menor de trece años y le embauque para que le facilite imágenes pornográficas.

Delitos económicos
El Código Penal introduce en el Capítulo VI del Título XIII una nueva sección de la administración desleal. El texto vigente lo tipificaba como delito societario, cuando en realidad es un delito patrimonial del que puede ser víctima cualquier persona. Con la reforma, el tipo penal castigará los actos de gestión desleal cometidos mediante abuso o deslealtad por quien administra el patrimonio de un tercero y le causa un perjuicio o crea una situación de peligro de pérdida del mismo.
De la administración desleal se separan los delitos de apropiación indebida, aunque tendrán la misma pena cuando se trate de un supuesto de apropiación con quebrantamiento de la relación de confianza con el propietario. La malversación constituye una modalidad de administración desleal que históricamente se refería básicamente a sustracción de fondos públicos, y en mucha menor medida, a la desviación del destino de los mismos. La reforma, en línea con la Ley de Transparencia, amplía los supuestos por los que se puede castigar la gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público.
El Anteproyecto busca una eficaz persecución de los delitos de bancarrota y una adecuada protección de los procedimientos judiciales y administrativos de ejecución. Para ello se procede a la tipificación de las conductas de obstaculización de la ejecución y ocultación de bienes. De esta forma, se agilizará, aumentará y dotará de mayor efectividad a la ejecución, lo que reforzará la protección de los acreedores.
Como medidas concretas se adecua la insolvencia punible a los supuestos de acreedores declarados fraudulentos y se da una respuesta proporcionada a posibles conductas ilícitas de los administradores concursales, que también podrán ser condenados por malversación y cohecho.
Por su parte, en los delitos contra la propiedad industrial se diferenciará la responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas. Éstos verán agravada su pena, mientras que a los distribuidores minoristas y vendedores al público se les atenuará proporcionalmente a su responsabilidad.

Prisión permanente revisable
Con la prisión permanente revisable, inédita en el ordenamiento jurídico español, se proporcionará una respuesta penal más adecuada a ciertos crímenes que causan una especial repulsa social. Se aplicará a los homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros. También será la pena prevista para los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad con homicidio, así como, en el primer caso, con agresión sexual.
Los Tribunales podrán aplicar este tipo de pena en algunos tipos de asesinatos agravados: cuando la víctima sea menor de dieciséis años o se trate de una persona especialmente vulnerable; cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; en los múltiples, y en los cometidos por miembros de una organización criminal.
La nueva pena trae consigo un cumplimiento íntegro de la privación de libertad durante un tiempo que se ha establecido en un abanico de entre 25 y 35 años, en función de si se trata de condenas por uno o varios delitos o de delitos terroristas. Sólo después de ese período se aplicará el sistema de revisión que permitirá la puesta en libertad del condenado si cumple una serie de requisitos. Esta revisión se podrá realizar a petición del reo, pero también se hará de oficio por un tribunal colegiado, al menos, cada dos años.
La aplicación de la prisión permanente revisable ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintas sentencias tras su aplicación en los países de nuestro entorno, en las que ha determinado que la posibilidad de revisión de la condena satisface el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Custodia de seguridad
El nuevo Código Penal introduce, por primera vez, la custodia de seguridad. Se trata de una medida privativa de libertad para casos excepcionales que se aplicará una vez cumplida la pena de prisión y después de que el tribunal valore si se mantiene la peligrosidad del penado. La custodia de seguridad tiene una duración máxima de diez años, aunque se pondrá fin inmediatamente a esta medida de seguridad si el tribunal estima que desaparecen las circunstancias que la hacían necesaria.
Esta medida sólo será aplicable a quienes hayan sido condenados por delitos de especial gravedad como son los delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, los cometidos con violencia o intimidación, contra la comunidad internacional, terrorismo o tráfico de drogas.
En su regulación se incluyen sólo dos grupos de supuestos: quienes ya han sido penados con anterioridad por alguno de estos delitos graves y tras salir de prisión reincidan, y quienes cometan por primera vez una pluralidad de estos delitos.
La custodia de seguridad ya se aplica en estos casos en países como Alemania, Reino Unido, Francia, Austria, Suiza o Dinamarca.
El tribunal establecerá la medida de seguridad en función de la peligrosidad del reo en la misma sentencia en la que se fijará la pena de prisión por el delito cometido. Si cumplida la pena el tribunal considera que ya no es peligroso, suspenderá la custodia de seguridad.
Se introduce, además, una nueva regulación de la libertad vigilada (actualmente sólo está prevista para delitos sexuales), que se ampliará a más delitos.

Detención ilegal y delito continuado
Se modifica la regulación del delito de detención ilegal con desaparición. En los casos en los que no se dé razón de lo ocurrido con la víctima, se fijará una pena única de diez a quince años de prisión, equivalente a la que corresponde al delito de homicidio. Además, se regulan dos supuestos agravados: cuando la víctima es menor de edad y cuando esté presente un móvil sexual en la comisión del delito.
Se suprimirá la figura del delito continuado para los delitos de naturaleza sexual, lo que permitirá que estos delincuentes vean incrementada la pena que se les aplica. En el resto solamente podrá ser aplicado en el caso de acciones que se produzcan de forma próxima en el tiempo.

Libertad condicional
Una de las novedades del Código Penal es que la libertad condicional pasa a ser regulada como una suspensión de la pena, de tal modo que si, una vez en libertad, el penado vuelve a delinquir, podrá ser devuelto a la cárcel para que siga cumpliendo condena desde el momento en que quedó en suspenso. Se aplica en los mismos términos en los casos de prisión permanente revisable, cuando una vez cumplidos los años fijados se revise su situación y el tribunal entienda que puede acceder a esta medida.
Se amplía la posibilidad de acceder a la libertad condicional para los que ingresen por primera vez en prisión. Los condenados por primera vez a penas de hasta tres años y con conducta irreprochable podrán acceder a la libertad condicional a mitad de la condena, frente a los dos tercios actuales.
Aunque se seguirá pudiendo solicitar la suspensión de la ejecución de una condena por las mismas causas que actualmente, todas se encuadrarán en un único régimen de suspensión, lo que evitará la reiteración de trámites y recursos. Otra novedad es que para agilizar la satisfacción de la responsabilidad civil se podrá acordar o, en su caso, revocar la libertad condicional, al tenerse en cuenta si el reo ha ocultado bienes o no ha aportado información sobre los que dispone para no hacer frente a ese pago.

En el caso de extranjeros, la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del país se ajusta a lo previsto en la Ley de Extranjería. Cuando las condenas sean superiores a tres años, los Tribunales podrán fijar qué parte debe cumplir en nuestro país y qué parte puede ser sustituida por la expulsión.

Supresión de las faltas
Con el objetivo de hacer efectivo el principio de intervención mínima del Derecho Penal y de reducir el número de asuntos menores que sobrecargan los juzgados, se ha decidido suprimir las faltas. Se mantendrán las que son merecedoras de reproche penal, pero como delitos leves, denominados de escasa gravedad y que estarán castigados con penas de multa. El proceso que les corresponderá se desarrollará en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se está trabajando. Mientras tanto, se resolverán en juicios de faltas.
Las faltas que no merecen reproche penal abandonan el Código Penal, aunque se seguirán persiguiendo administrativamente dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana o por la vía civil.

Asesinato
El Código Penal actualiza el delito de asesinato, de forma que se considerará tal, además de los ya previstos, el homicidio que se cometa para facilitar al comisión de otro delito o para evitar ser descubierto.

Hurto y robo
Se suprime la falta de hurto para sustituirla por un delito leve de hurto que castigará los casos en los que lo sustraído no supere los mil euros, aunque para fijar este límite se tendrá en cuenta la capacidad económica de la víctima. Para ofrecer una respuesta adecuada a la multirreincidencia y la delincuencia grave, se prevé que en el caso de delincuencia profesional y organizada se les pueda condenar con el tipo agravado a penas de uno a tres años de prisión e, incluso en los casos más graves, de entre dos y cuatro años.
Las agravantes del delito de robo son: el desamparo de la víctima y el pillaje que puede darse en situaciones de catástrofe; la profesionalidad; el portar armas; la participación de un grupo organizado y el hurto de conducciones de suministros eléctricos o de cableado de telecomunicaciones.
El robo con fuerza tendrá en cuenta el modo de comisión, pero también la fuerza utilizada para abandonar el lugar; y el robo con violencia introduce un supuesto agravado para los delitos cometidos en establecimientos abiertos al público. La agravación prevista para estos delitos, por los que se podrán imponer medidas de seguridad a los delincuentes peligrosos, tendrá su reflejo en la estafa cuando sea cometida por una organización criminal y la defraudación afecte a una pluralidad de personas.

Atentado, resistencia y desobediencia
La reforma del Código Penal clarifica la definición del delito de atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente; ero no se equipara con la acción de resistencia meramente pasiva que, junto a la desobediencia, se mantiene, como hasta ahora, penada con entre seis meses y un año de cárcel. La falta de desobediencia desaparece del Código, pero se sancionará como infracción administrativa de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se incluyen como sujetos protegidos los miembros de los equipos de asistencia o rescate.
Una de las novedades del texto es que se incluye en la definición de alteración del orden público una referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas. Como ocurre actualmente, la pena se agrava cuando se porten armas, se exhiban simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas, así como los actos de pillaje. Se regula como supuesto atenuado la entrada o invasión colectiva de oficina o establecimiento, cuando se altere indebidamente su normal actividad, aunque no lleguen a producirse actos de violencia o amenazas.
Sólo se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público; es decir, no la simple convocatoria a movilizaciones, sino la incitación a cometer actos de violencia constitutivos de desórdenes graves en esas convocatorias.

Incendios forestales
La reforma del Código Penal contempla un endurecimiento de las penas para los autores de incendios forestales que se consideren especialmente graves. La pena prevista actualmente para estos delitos es de tres a cinco años de cárcel y, con la reforma, la pena se elevará hasta los seis. Además, cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos se castigarán del mismo modo que los delitos contra el medio ambiente, lo que significa que sus autores podrán ser castigados con la pena superior en grado, que en este caso supone nueve años de prisión.
En la misma línea, la reforma incorporará la posibilidad de imponer al responsable actuaciones orientadas a reparar el daño causado y se considerará la atenuante de reparación de daño.
El nuevo Código Penal añade al catálogo de supuestos agravados que contenía el artículo 353 del vigente los incendios que afecten a zonas próximas a poblaciones o lugares habitados y a zonas forestales que constituyan el hábitat de especies animales en peligro de extinción o de flora amenazada, o que alteren significativamente las condiciones de vida animal o vegetal. También se incluyen como supuesto agravado los incendios provocados en un momento en el que las condiciones climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación.

Además, se modificará la Ley del Jurado para que estos delitos pasen a ser competencias de tribunales integrados por jueces profesionales.

Esterilización
Atendiendo a las recomendaciones del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada por España en abril de 2008, se reconduce a la vía civil el tratamiento de la esterilización de las personas discapacitadas.
Asimismo, la despenalización de la esterilización de las personas que carezcan de aptitud para dar su consentimiento se realizará bajo autorización judicial y en un proceso con las máximas garantías. Del mismo modo, se ajusta la terminología del Código Penal a dichas recomendaciones sustituyendo los actuales términos de "minusvalía" e "incapaz" por otros como "discapacidad" o "persona discapacitada necesitada de especial protección".


jueves, 23 de mayo de 2013

Nueva reforma ley de alquiler principales características

Buenas a todos/as hoy les dejo  información sobre la nueva modificación que ha sufrido la ley de alquileres, donde se ha pretendido ser más flexible en las necesidades  y garantías de las partes.
Las principales  modificaciones las tendremos en:

  1. Se amplia la liberta de pactos, dando mayor importancia a lo decidan las partes contratantes 
  2. La duración del arrendamiento disminuye de 5 a 3 años la obligatoriedad de la prorroga obligatoria y de 3 a 1 la tácita, con esto se quiere conseguir que los contratos no sean demasiado rígidos en el tiempo de duración.
  3. Posibilidad de que el arrendador pueda recuperar el inmueble, este supuesto esta reservado a unos supuestos en concretos como puede ser para la utilización como vivienda habitual, el principal requisito que se pide que transcurra aunque sea el primer año de duración del contrato.
  4. Se permite que el arrendatario desista del contrato en cualquier momento, para ello se pide que al menos hayan pasado 6 meses  desde el inicio del contrato y que se comunique al arrendador con una antelación de 1 mes, se deja libertad para que las partes puedan pactar una indemnización para compensar el "perjuicio" sufrido por parte del arrendador.
  5. Los arrendamientos no inscritos no pueden surtir efectos frente a terceros que inscriban su derecho
  6. El tercero adquiriente que reúna los requisitos exigidos por artículo 34 ley Hipotecaría no puede resultar perjudicado por un arrendamiento no inscrito.
  7. Si pasado 3 meses desde que se obliga al arrendatario al abandono del inmueble para el uso por parte del arrendador y este no se hubiese llevado ni por él ni por familiares del primer grado,cónyuge en supuestos de que exista sentencia de separación, el arrendatario podrá decidir en un plazo de 30 días entre volver a utilizar el inmueble o a una indemnización que se calculara según una mensualidad por año de contrato que quedaba por cumplir, no obstante se admiten excepciones en este punto.
  8. El arrendador podrá solicitar el procedimiento de desahucio aunque solo se haya  dejado de pagar un mes, dando al inquilino un plazo de 10 días para realizar alegaciones 
  9. Se creará un registro  donde se archivaran las sentencias firmes de impagos de renta,esta información sobre el deudor tendrá una duración máxima de 6 años
  10. Se excluirá  dentro del marco legal de arrendamientos urbanos  el alojamiento privado para el turismo, remitiendo a la legislación autonómica ,este punto es de los más polémicos a mi modo de entender.











miércoles, 22 de mayo de 2013

3 Tipos de seguros

Existen un amplio abanico  de posibilidades en lo que seguros se refiere, según el riesgo que estén cubriendo tendrán unas característica u otras, siempre sin olvidar lo que pactemos con la aseguradora dentro de la legalidad.


1-Seguro de vida

Dentro del los seguros de vidas se comienza distinguiendo entre, 1)el seguro que cubre  la supervivencia donde deberán indemnizarnos  si vivimos al finalizar la póliza o  2)en caso de fallecimiento se deberá indemnizar a los beneficiarios 
En estos casos el tomador es el cual designará a sus beneficiarios pudiendo modificarlos con posterioridad,un caso bastante complicado es el supuesto de que el beneficiario fallezca antes que el tomador, en este caso deberemos comunicarlo a la aseguradora o  la aseguradora podría no pagar la indemnización en caso que debiese hacerlo.
Otra cosa característica de este tipo de seguro, es que la  aseguradora nos someta a una serie de pruebas médicas que deberán pagar.
Deberemos también distinguir seguros constantes donde en caso de fallecimiento/invalidez el beneficiario recibirá  anualmente una cantidad de dinero.
Decreciente este tipo de seguro de vida ira disminuyendo según  se va pagando una deuda que se tiene una cantidad adeuda, es muy típico en las hipotecas 

 2-Seguro Hogar

Este tipo de seguro es el clásico que se contrata para cubrir los posibles daños que puede sufrir nuestra vivienda, los daños cubiertos son muy amplios, desde incendios, roturas, incluso responsabilidad civil.
A la hora de interpretar estos seguros debemos tener en cuenta por una parte el continente ( la construcción)
y el contenido( lo que hay dentro del inmueble).
Dentro de los seguros del hogar podemos clasificar dos:
  1. Todo Riesgo cubre todo salvo lo que se excluya en póliza
  2. Multirriesgo en la póliza detallaran los riesgos que estarán cubiertos
Destacar también que el contenido del inmueble no solo puede ser asegurado por el dueño del inmueble sino también por el arrendatario en caso de que hubiese.

3-Seguro de Automóviles

Cuando contratamos un seguro de automóvil la compañía se compromete a indemnizar los daños causados o recibidos en caso de accidente.
El seguro lo podemos englobar en dos grandes ramas por un lado tenemos:
  1. Seguro obligatorio : este tipo de seguro debemos tenerlo para poder circular con el vehículo, cubre tanto daños personales como materiales, no obstante si se demuestra que el accidente fue provocado por conducta negligente  o fuerza mayor  no estarán obligados de indemnizar, los fallos mecánicos  no están dentro de  los supuestos de fuerza mayor.
No tendríamos cubierto con este seguro:
  • Daños sufridos por el tomador
  • Daños sufridos por el vehiculo
  • Daños materiales sufridos a vehículos sin seguros o robados donde responde el "consorcio de compensación de seguros"
El seguro no responderá en caso de :
  • Estar bajo la influencia del alcohol, drogas..
  • El accidente se provoque por infracción
  • Conducción por persona no autorizada, carezca del correspondiente permiso de circulación..
   2.Seguro Voluntario 
Este tipo de seguro viene a complementar y ampliar las coberturas del seguro de responsabilidad civil obligatorio, cubriendo muchas más cosas como pueden ser:
  • Los sufridos por el tomador, propietario, conductor o su cónyuge, ascendientes, descendientes y parientes hasta el tercer grado si viven a sus expensas, así como los daños sufridos por las personas transportadas.
  • Los sufridos por el vehículo, se encuentre aparcado o circulando, así como el incendio y la rotura de lunas.
  • Los causados en las cosas que se transportan.
  • Los daños producidos por vehículos robados o hurtados, desarrollen actividades agrícolas o industriales o se encuentren dentro del recinto del puerto o aeropuerto si su circulación en estos recintos es habitual.
  • Los producidos por vehículos que participen en pruebas deportivas.
  • Los daños causados por el vehículo si quien conduce lo hace bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, sin el permiso de conducir o incumpliendo la normativa vigente.
  • El robo del vehículo.
Web Despacho
































martes, 21 de mayo de 2013

Documentos a presentar para solicitar la Nacionalidad Española


1-Partida literal de nacimiento legalizada en su país de origen
2- Certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades de su país de origen, legalizado.
3-Fotocopia del Número de Identificación de Extranjeros o Tarjeta de Residencia.      
4-Certificado de empadronamiento en el territorio español.
5-Fotocopia del Pasaporte, de todas sus páginas.
6- Acreditar debidamente los medios de vida con que cuenta en España.

-En caso de haber nacido fuera de España y  ser hijo o nieto de un ciudadano español de origen, deberá aportar un certificado literal de nacimiento de sus ascendientes españoles

- Si está casado con un ciudadano español, deberá presentar certificación literal de matrimonio expedido por el Registro Civil español, certificado de convivencia o certificado de empadronamiento.
-En caso de ser viudo de español deberá además aportar un Certificado de matrimonio inscrito en el Registro Civil español, certificado de convivencia o empadronamiento conjunto con el cónyuge fallecido a la fecha de defunción y  certificado de defunción.
-En caso de haber estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles, deberá además aportar, copia de la resolución judicial que determine la tutela o documento de la autoridad competente de la Comunidad Autónoma.
La solicitud se presenta en el Registro Civil correspondiente a la localidad de residencia del solicitante.

Una vez presentada la solicitud y el resto de los documentos requeridos ante el Registro Civil del domicilio del interesado, tal solicitud será tramitada por el Juez encargado de ese Registro. A la vista de los documentos aportados y de  la entrevista con el peticionario,  resolverá conceder o no la nacionalidad.
Una vez concedida la nacionalidad se deberán realizar los siguientes trámites:
El solicitante, mayor de 14 años, deberá jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
Renunciar a su anterior nacionalidad (excepto en los casos de los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o países sefardíes).
El otorgamiento de nacionalidad deberá inscribirse en el Registro Civil.
Contra la denegación de la solicitud de nacionalidad cabe recurso ante la Dirección General de los Registros y el Notariado que habrá de presentarse en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución.
¿Cuánto puede durar el procedimiento?
La realización de los trámites procedimentales anteriormente aludidos suele durar entre 18 y 24 meses.

Web Despacho
AL Abogados-Las Palmas





lunes, 20 de mayo de 2013

5 Noticias Jcas y sociales del 12 al 19 de Mayo


1ºEl Gobierno de La Rioja facilitará a los notarios la presentación telemática de escrituras
Concepción Arruga ha firmado un convenio con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de La Rioja para avanzar en el desarrollo de la e-administración tributaria.

Enlace Noticia


2º Anulación de la cláusula suelo: principales criterios fijados por la primera Sentencia del Tribunal Supremo:
 DECLARA LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS SUELO DE DIVERSAS HIPOTECAS, por falta de transparencia y claridad en la información facilitada por las entidades financieras, estableciendo la licitud de dichas cláusulas si existe completa información y sin reconocer a los afectados el derecho a devolución de los importes satisfechos en virtud de las cláusulas anuladas.

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3ºHacienda asegura que la reforma del Impuesto de Sociedades se hará siguiendo el modelo alemán

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4º¿Cómo funciona desde ayer la Ley Antidesahucios?
La publicación y entrada en vigor ayer 15 de mayo de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha cogido desprevenidos a parte de la banca, de los juzgados y de los abogados. ¿Qué efectos se despliegan cuándo y con cumplimiento de las condiciones desde cuándo?

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5ºBanco de España presenta una nueva estadística de ejecuciones hipotecarias
El número total de entrega de viviendas ocurrido en el año 2012 ha sido de 39.167, de ellas, 32.490, vivienda habitual. En proporción al número total de hipotecas a los hogares para adquisición de vivienda esto supone, respectivamente, un 0,58 % y un 0,53%.

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