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jueves, 13 de marzo de 2014

¿Hasta donde llegan las competencias de un presidente de una comunidad de propietarios?



Una de las cuestiones más recurrentes que se suelen  presentar en una comunidad de vecinos es que competencias puede asumir un presidente de dicha comunidad y que competencias le competen a la junta de propietarios,  no tener claro  estos asuntos puede desembocar  en grandes discusiones entre comuneros.
El presidente  ostenta la representación de la comunidad así se encuentra recogido en la propia Lph “El presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten”.
Con esto lo que se pretende que dicho directivo  intente reflejar de la forma más  fiel la voluntad de la comunidad , pues la junta de propietarios podría pedirle responsabilidad en caso de que  el presidente sobrepase sus competencias.
En referencia que actos   puede realizar un presidente , nos encontramos que la principales   o sea aquellas que supongan un mayor gasto  normalmente la deben tomar la junta de propietarios pues así se encuentra recogido por ley, no obstante hay hechos que son urgentes y sería ilógico  pensar  que se tenga que realizar una junta de propietario para  cada actuación que se tenga que realizar , con lo que se puede decir que estas estarían excluidas.
La figura del presidente por lo tanto debe generalmente ejecutar acuerdos que han sido previamente aprobados en juntas y solo aquellos que sean de una urgencia real serán los que podrá tomar la decisión de actuar siempre velando por el interés comunitario.Nos podremos encontrar en supuestos especiales donde se le otorgue al presidente una mayor “libertad” a la hora de tomar decisiones que normalmente le competen a la junta de propietarios, pero para que esto fuese posible  debería estar recogido o bien en  los estatutos de la comunidad o en actas anteriores.
En el supuesto    que un presidente realice actos que necesiten previamente al consentimiento de la junta y los hiciese igualmente esto no impediría que  dichos actos obliguen a la comunidad frente a terceros. Esto tiene su lógica porque sino entraríamos en un terreno complicado donde se vería perjudicada la seguridad jurídica  y los terceros que contratasen con la comunidad que lo hacen  mediante el presidente.




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