Conociendo tus derechos.

Tras declarar que el derecho a la propiedad privada es un derecho reconocido por el artículo 33 de la Constitución Española y que, como dicen las sentencias de esta Sala de 1 y 9 de octubre de 2013, está concebido ampliamente en nuestro ordenamiento, sin más limitaciones que las establecidas legal o convencionalmente -limitaciones que, en todo caso, deben ser interpretadas de un modo restrictivo-, la Sala tiene establecido lo siguiente: 1. En el ámbito de la propiedad horizontal, resulta posible el establecimiento de limitaciones o prohibiciones que en general atiendan al interés general de la comunidad. Prohibiciones estas que, como indican las sentencias de 20 de octubre de 2008 y 30 de diciembre de 2010, citadas por la de 5 de octubre de 2013, referidas a la realización de determinadas actividades o al cambio de uso del inmueble, que es lo sucedido en el caso del recurrente, deben constar de manera expresa : la sentencia de esta Sala de 24 de octubre de 2011 declaró en su fallo: ...

TS, Sala Primera, de lo Civil, 640/2014, de 4 de noviembre  Recurso 1606/2012. Ponente: JOSE LUIS CALVO CABELLO.  EXTRACTOS Se estima la acción de repetición de la aseguradora del vehículo con el que tuvo un accidente el mecánico cuando comprobaba si había realizado bien una reparación, puesto que es considerado tercero responsable y no conductor autorizado  "... El artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre , reguladora del Contrato de Seguro, atribuye al asegurador, una vez pagada por éste la indemnización, la facultad de ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización. El ejercicio de esta facultad tiene sus limitaciones en la propia ley. Así: a) El ejercicio no podrá perjudicar al asegurado. b) La acción no podrá ser dirigida contra las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, com...

Esta cuestión genera numerosas controversias principalmente cuando  nos ponemos en contacto con un propietario que tiene su inmueble  alquilado  para   informarle que se adeudan unas cuotas comunitarias o que se ha aprobado una derrama y que según su cuota de participación tiene que pagar  una cuantía determinada. La cuestión es a quien le debe  reclamar la comunidad  esas deudas vencidas al arrendador o al arrendatario, pues la respuesta siguiendo  la LPH es clara, la responsabilidad  del levantamiento de las cargas comunitarias corresponde al propietario  ( art 9 LPH  obligaciones), por lo tanto a la comunidad de poco le vale que se comente que  en el contrato de arrendamiento tal obligación es para el arrendatario, estos son pactos internos que no vinculan a la comunidad. AP Zaragoza, Sec. 5.ª, 210/2013, de 16 de abril Recurso 160/2013. Ponente: ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO. EXTRACTOS ...

El arraigo social exige cumplir todas y cada una de las siguientes circunstancias: Acreditar la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años. Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años. Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un período que no sea inferior a un año. Tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe de arraigo que acredite su integración social, emitido por la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan su domicilio habitual. No obstante, el propio art. 124.2 del Reglamento de Extranjería establece una posibilidad de que ese contrato no fuera necesario para obtener la residencia por arraigo social. En concreto, dice el citado precepto: "En los supuestos de arraigo social acreditado mediante informe, que deberá ser emitido y no...

TS, Sala Primera, de lo Civil, 595/2014, de 23 de octubre Recurso 2586/2012. Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS. EXTRACTOS El contrato de arrendamiento de vivienda se pactó por tiempo indefinido, pero ello no equivale a la voluntad del arrendador de pactar prórroga forzosa "... 1. Que los demás arrendatarios tengan contratos anteriores a 1985, con contenido similar, solo significa que se ha utilizado, por comodidad, el mismo modelo impreso de contrato, hasta el punto de que la fecha de impresión es de 1970, pero ello no evidencia voluntad por parte del arrendador en pactar la prórroga forzosa. 2. No es necesario que se cite expresamente el RDL 2/1985, sino que se excluya. 3. Tampoco es indicativo que la cláusula de actualización sea bianual, cuando la renta se cuantifica anualmente ( sentencia de 22 de junio de 2009, recurso 1/2005 ). 4. La repercusión del incremento de servicios, suministros, e impuestos solo evidencia la necesidad de adaptarse a un con...

TS, Sala Primera, de lo Civil, 3-9-2014 El propietario tiene derecho al cambio del destino del local del que es propietario al no estar expresamente prohibido en los Estatutos de la Comunidad no pudiendo en dicha transformación alterar elementos comunes sin consentimiento La doctrina jurisprudencial expuesta, llevada al supuesto de enjuiciamiento, exige realizar las siguientes precisiones que conducen a la desestimación de los motivos planteados. En primer lugar, debe señalarse que la fundamentación técnica que realiza la sentencia recurrida no se opone a la doctrina jurisprudencial expuesta en la medida en que su desarrollo argumental se centra en el sustancial cambio o alteración en los elementos comunes que se deriven de las obras que, sin previa autorización estatutaria, son objeto de la presente litis, constituyéndose, de esta forma, en la  ratio decidendi  del fallo (razón de la decisión). En segundo lugar, y admitido el derecho del propietario al cambio de destino d...

Este supuesto es bastante más habitual de lo que se había previsto, teniendo en cuenta que muchos edificios no son lo que podríamos considerar un modelo de organización. Así pues, no habrá otra responsabilidad del comprador, como antes se ha dicho, que aquella basada en los preceptos legales, es decir, la afección real que contempla esta misma regla e) del art. 9.1 de la Ley, aunque la deuda sea superior. Esta negligencia del Presidente o del secretario deberá, en su caso, ser motivo de discusión y responsabilidad por la Junta contra esos cargos directivos, incluso aunque su actitud pasiva no haya causado perjuicios a la Comunidad. Además, se parte de un principio erróneo, considerar que la Comunidad es como una sociedad con oficinas que nunca cierran, que siempre tienen al Presidente y al secretario de permanente vigilia, lo cual no es cierto, más bien todo lo contrario. Supongamos que a alguien se le ocurre comprar un piso o local en un momento en que el Presi...