Todo lo que debes saber sobre la nueva reglamentación para el desahucio express en caso de Okupas.




La comisión de justicia del congreso de los diputados ha aprobado la proposición de la ley de enjuiciamiento civil  con el objetivo claro de agilizar el procedimiento de desahucio contra ocupantes no  identificados u okupas, con esta medida se intenta frenar la escalada exponencial que está teniendo este comportamiento. Posteriormente se  remitirá al senado para terminar con su tramitación parlamentaria.Pero la pregunta que nos hacemos ahora es:

¿Cómo afectara este desahucio express cuando entre en vigor a los propietarios que se encuentren en esta situación?



El procedimiento se iniciara  con demanda por parte del propietario frente a los okupantes de la vivienda, una vez pase este hecho el juzgado notificara directamente a las personas que se encuentran dentro del inmueble  los cuales tendrán que mostrar título suficiente para estar en posesión de la finca, teniendo únicamente un plazo de cinco  días para hacerlo, en caso que transcurra el tiempo anteriormente anunciado el tribunal que este conociendo del asunto resolverá mediante auto dictando la devolución de la posesión al propietario con el correspondiente lanzamiento.Contra esta esta resolución no cabra recurso alguno  cosa que es de agradecer porque  existían  casos los cuales se utilizaba esta vía para prolongar más si cabe la ocupación ilegal.

Actualmente el tiempo para desalojar a un okupa varia dependiendo donde radique la finca y la carga de trabajo del juzgado competente que conocerá el asunto, pero por línea general estamos hablando entre 6 meses a 1 año en primera instancia.





¿Quiénes pueden utilizar este procedimiento?

Este procedimiento esta destinado principalmente para: las personas físicas, las organizaciones sin ánimo de lucro y las entidades de un fondo de viviendas destinadas a un alquiler social  pudiendo usar esta vía la cual promete ser mucho más rápida que la actual.De forma expresa quedaran excluidos de esta normativa  las  entidades financieras, los fondos buitres por lo que se presupone que lo que se pretende con esta normativa es proteger a los más desfavorecidos que muchas veces dependen de las rentas que le generan estos inmuebles para vivir.

En la normativa también se tiene en consideración la posibilidad de notificar a los servicios públicos competentes que tengan competencia en materia de política social siempre que fuera necesaria su participación, para que se notifique al organismo competente  se requiere el consentimiento de los interesados.



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