¿Cuándo se puede utilizar las cámaras de video vigilancia para despido disciplinario?

 La sentencia del Tribunal Constitucional de España en septiembre de 2022 aborda un caso de despido disciplinario basado en pruebas videográficas obtenidas mediante cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo. El caso generó controversia judicial debido a la interpretación y aplicación de la excepción del artículo 89.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) y su relación con el Reglamento General de Protección de Datos.

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional realizó un análisis exhaustivo de los elementos de hecho, la perspectiva constitucional del derecho a la intimidad y protección de datos, la doctrina europea del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) y la normativa de protección de datos en el ámbito laboral. El Tribunal concluyó que no se vulneraron los derechos a la protección de datos ni a la intimidad del trabajador y que la medida empresarial de utilizar las cámaras estaba justificada, idónea, necesaria y proporcional. La sentencia sostiene que las cámaras de videovigilancia fueron utilizadas en un contexto fáctico razonable y habitual desde la perspectiva empresarial, y que cumplieron con los límites jurisprudenciales, tanto nacionales como del TEDH, así como con la excepción prevista en el art. 89.1 apartado 2 LOPDGDD. No obstante, cinco magistrados suscribieron un voto particular discrepante, argumentando que la sentencia otorga escaso peso al juicio de proporcionalidad y a la falta de diligencia de la empresa en cuanto a la información proporcionada a los trabajadores. Los magistrados discrepantes sostienen que la excepción del artículo 89.1 LOPDGDD es muy limitada y que la verificación de una situación de flagrancia y la presencia de carteles informativos no son elementos suficientes para legitimar el uso de la imagen con fines disciplinarios. El caso resalta la falta de consenso en torno a los elementos necesarios para cumplir con el deber de informar en el ámbito laboral. Por ello, es fundamental analizar los detalles de cada situación para determinar si es válida la aplicación de la excepción al utilizar una prueba videográfica ante una sospecha de comisión flagrante de un ilícito laboral. En resumen, en un contexto laboral donde la casuística es innumerable, es crucial reforzar el cumplimiento de las obligaciones de información y diseñar políticas activas que evidencien un comportamiento empresarial riguroso en materia de tratamiento de datos personales de sus empleados. Esto ayudará a garantizar que las pruebas videográficas utilizadas en casos de despido disciplinario se ajusten a las normativas y jurisprudencia aplicables, protegiendo tanto los derechos de los trabajadores como los intereses empresariales. Esperemos que este video les entretenga y les pueda ayudar, si fuera así le agradeceríamos que compartiera con otra personas que le pudieran servir,además de suscribirse.