Follow by Email

Compartir

Facebook

jueves, 31 de julio de 2014

SUSTITUCIÓN DE ANTENAS INDIVIDUALES POR INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES

El artículo 6 del RDL de 27-2-98 dispone que se deberá establecer una infraestructura común en el caso de que el número de antenas instaladas, individuales o colectivas, sea superior a un tercio del número de viviendas y locales. Deberán sustituirse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del RDL, por una infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicaciones.
El coste de la infraestructura será a cargo de quienes tengan instaladas las antenas. Además, el artículo 6.1.b del RDL de 27-2-98 regula que la Administración competente, de acuerdo con la normativa vigente que resulte aplicable, puede decidir la retirada de las antenas individuales que existan en el edificio cuando sean peligrosas o antiestéticas. Quienes deseen la recepción de los servicios deberán sufragar el coste de la instalación de la infraestructura.
De acuerdo con lo dispuesto e el artículo 7.2 del RDL 27-2-98 una vez finalizada la instalación de la infraestructura común y comprobado que permite la recepción de los servicios para los que ha sido instalada, la comunidad de propietarios habrá de retirar los sistemas individuales de telecomunicación. Se hará en presencia de los propietarios si lo solicitan.
El artículo 8 del RDL de 27-2-98 establece que la comunidad de propietarios o, en su caso, el propietario del edificio, tomarán las medidas para asegurar a los que tengan instalaciones individuales, la normal utilización de las mismas durante la construcción de la nueva infrastructura y mientras que la misma no esté en perfecto estado de funcionamiento.



Consideración de las conducciones generales de Telefónica

Estamos hablando de un servicio privado, que presta la Compañía a cada uno de los propietarios, que no es responsabilidad de la finca, y que no tiene la consideración de elemento común o general. Lo que sí es de la Comunidad son los conductos o huecos, pero nunca los hilos conductores, que pertenecen a la Compañía, que fué quien los instaló.
Sería diferente si este inmueble tuviera ya instalado de principio unos servicios generales de telefonía, o con inclusión especial en el Título, pero esto no es lo habitual. Lo normal es que las fincas tengan unos conductos abiertos para que por allí pasen cables con distintas funciones, algunos pueden ser comunes, pero otros, como los hilos de los teléfonos, serán privados de la Cía. que los instaló y que cobra por la prestación del servicio.

En cuanto al pago de un canon por utilizar estos conductos, no vemos inconveniente teórico en que se pueda exigir, pero es evidente que seguramente una mayoría de la Comunidad se opondrá ya que es posible que entonces la Compañía se negara y en consecuencia no habría servicio para ningún comunero, pues estas Empresas exigen, para facilitar sus prestaciones, que les faciliten sistemas de acceso dentro de la propia finca.


martes, 29 de julio de 2014

¿Cuáles son los requisitos y quorum para conseguir que la Comunidad lleve a cabo las obras que solicita un “discapacitado o mayor de 70 años”? ¿Cuáles son los requisitos y quórum para conseguir que la Comunidad lleve a cabo las obras que solicita un “discapacitado o mayor de 70 años”?


Hay que tener en cuenta, en primer lugar, el importe de la obra, concretamente si la instalación excede o no de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.
En el primer caso, la Comunidad está obligada a tenor de lo dispuesto en el art. 10.1 b) LPH.
En el segundo supuesto (que exceda de 12 mensualidades), caben dos posibilidades:
1.º Que dicho exceso lo pague el solicitante, conforme establece el art. 10.1 b).
2.º Plantear el asunto en la Junta de Propietarios y conseguir que lo apruebe la mayoría del total de propietarios y cuotas, a tenor del art. 17.2, pues el límite económico antes citado ya no existe.
La petición siempre ha de ir canalizada por el propietario. No cabe que otros ocupantes, aunque tengan la condición de discapacitados o mayores de 70 años, lo soliciten por su cuenta y de forma directa.
El problema no resuelto por el art. 10.1 b) es que indica que no será necesaria la celebración de una Junta, lo que es difícil de conjugar con la obligación del apdo. 2 del mismo precepto, que sí remite a la Junta para determinar el importe y la forma de las derramas económicas, naturalmente cuando, como es habitual, haya que realizar una derrama extra. Puede ocurrir que se deniegue la petición, ante lo cual el solicitante no tiene más opción que la impugnación judicial. Igualmente, habrá que acudir a los Tribunales si la solicitud no es atendida por el Presidente y no convoca la Junta, aunque naturalmente no mediante la impugnación, pero sí en un proceso similar, el ordinario, que contempla el art. 249.1.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La verdadera ventaja actual con la reforma de la Ley 8/2013 es que ha dejado de existir un límite, que podría ser como un "derecho de veto", si cualquiera de los propietarios no alcanzaba ingresos de 2,5 el IPREM.
Con esta reforma, por tanto, se ha mejorado la posibilidad de suprimir barreras arquitectónicas. En primer lugar, porque, como ya hemos expuesto, no puede oponerse ningún propietario por razones económicas y, en segundo, porque se ha ampliado a los locales como beneficiarios, lo que, por otra parte, era lógico al tratarse de unos propietarios más.
También cabe, por último, que el propietario o los ocupantes acudan a las previsiones de la Ley 15/1995, aunque tiene la desventaja de que entonces el pago corresponde en su totalidad al solicitante.

Fuente Sepín

Fallecimiento por explosión de cocina de gas butano en el restaurante donde trabajaba por manejo inadecuado de la instalación por el propietario

EXTRACTOS
Fallecimiento por explosión de cocina de gas butano en el restaurante donde trabajaba por manejo inadecuado de la instalación por el propietario
"... Incorrecta aplicación del Art. 1902 CC y de las sentencias de 18 abril 2002 , 30 junio 2000 , 13 junio 1996 y 28 mayo 1992 . Dice la recurrente que la causa del siniestro por la que se exige indemnización no está determinada y no obstante se condena a REPSOL ex Art.1902 CC , olvidando la jurisprudencia que obliga a los actores a probar la causa del siniestro para fijar las responsabilidades.
Este motivo se va a examinar conjuntamente con el Segundo , que denuncia la infracción, por incorrecta aplicación, del art. 1902 CC y la jurisprudencia de las sentencias de 26 julio , 28 septiembre y 16 noviembre 2006 , 23 enero 2003 , 18 abril 2002 y 30 junio 2000 . Señala que se requiere que concurran los elementos que dan nacimiento a la responsabilidad por daño, de forma cumulativa. En este caso, las responsabilidades de REPSOL se imponen no por la defectuosa manipulación de las gomas al acoplarlas al manorreductor, sino por supuestos incumplimientos, de modo que no concurren los requisitos exigidos para que se declare la responsabilidad de REPSOL "al no existir ninguna acción u omisión imputable a dicha entidad que mantenga nexo causal con el siniestro".
Ambos motivos se estiman.
La responsabilidad de las empresas suministradoras de gas, licuado o no, ha sido objeto de diversas sentencias de esta Sala. Debe citarse la de 19 febrero 2009 , que resume el estado de la cuestión de la manera siguiente: "Constituye doctrina de esta Sala que para la imputación de la responsabilidad, cualquiera que sea el criterio que se utilice (subjetivo u objetivo), es requisito indispensable la determinación del nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño ( SSTS 11 febrero 1998 ; 3 de junio de 2000 ; 19 octubre 2007 ), el cual ha de basarse en una certeza probatoria que no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetivación de la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba ( SSTS 17 diciembre 1988 ; 21 de marzo de 2006 ; 30 de mayo 2008 .), añadiendo que la prueba del nexo causal, requisito al que no alcanza la presunción ínsita en la doctrina denominada de la inversión de la carga de la prueba, incumbe al actor, el cual debe acreditar la realidad del hecho imputable al demandado del que se hace surgir la obligación de reparar el daño causado( SSTS 14 de febrero 1994 ; 3 de junio 2000 , entre otras muchas).
Sin embargo, una cosa es que el gas sea considerado como producto a los efectos de determinar la responsabilidad de quien lo pone al servicio de los usuarios, como ocurre en el caso examinado en la sentencia de referencia, y otra muy distinta que el accidente se haya producido por la conducta negligente de quien había manipulado los aparatos, como ocurre en el supuesto que es objeto del actual recurso. Por ello debe centrarse la argumentación, teniendo en cuenta que de los hechos probados, se desprende que se produjo una negligencia en la instalación de las gomas de salida del gas desde la bombona a la cocina, instalación que fue realizada por el demandado Sr. Carlos Ramón o por alguien de su esfera de responsabilidad, a quien, fuera quien fuera, debe serle imputada la negligencia. Este es un hecho probado que es aceptado en ambas sentencias.
En el presente supuesto, los demandantes entendieron que existían dos esferas de responsabilidad:
a) la correspondiente al propietario del restaurante, por acción o por omisión, que en realidad fue la causa directa de la explosión que produjo la muerte de una de las empleadas. Esta responsabilidad se ha resuelto ya en las sentencias y resulta firme al no haber sido recurrida.
b) La correspondiente a REPSOL BUTANO, S.A., que es la que ahora se discute ya que se le imputa la falta de inspecciones sobre el estado de la instalación. Es sobre esta cuestión que debemos ahora fijar la atención.
CUARTO. La sentencia recurrida viene a decir que deduce el incumplimiento de REPSOL de las obligaciones derivadas de su condición de concedente de las bombonas de gas licuado, por no haber aportado documentación relativa a las inspecciones que debía realizar. Sin embargo, en la contestación a la demanda se han aportado documentos relacionados con esta cuestión y además fueron objeto de discusión en el procedimiento penal.
La jurisprudencia de esta Sala ha utilizado dos criterios a la hora de imputar o no la responsabilidad a REPSOL en los casos de accidentes causados por explosión de bombonas de gas licuado: a) se condena a la suministradora cuando se produce un defecto en la bombona ( STS de 15 noviembre 2007 ), cuando se ha llevado a cabo el suministro del gas sin comprobar las instalaciones ni efectuar las oportunas revisiones ( SSTS de 18 mayo 2005 y 29 marzo 2006 ), o bien cuando se ha producido la explosión por el mal funcionamiento de la bombona ( STS 29 marzo 2006 ); b) en cambio, no se admite la responsabilidad de la suministradora del gas por falta de odoración, ya que no se había probado la relación de causalidad entre este hecho y la explosión que produjo el siniestro ( STS de 12 febrero 2009 ), o bien por una reacción de los sistemas de seguridad de la bombona ante la proximidad de una fuente de calor por un manejo defectuoso ( STS de 19 febrero 2009 ). De lo que hay que deducir que la línea para la resolución de los casos de accidentes causados por bombonas o instalaciones de gas se centra en la prueba de la relación de causalidad entre la conducta desarrollada por la suministradora del gas y el accidente, nunca el riesgo, como afirma la ya citada sentencia de 19 febrero 2009 , recogiendo otras anteriores (ver SSTS 3 febrero 2009 , 28 febrero y 28 junio 2006 , 17 enero 2003 y 16 junio 2000 , entre otras) .
Pero, además, cuando nos hallamos ante una omisión que pretendidamente ha ocasionado un daño, debemos utilizar criterios de imputación objetiva para determinar si una determinada acción u omisión es susceptible de haber causado el daño que se le imputa. Así, la citada sentencia de 19 febrero 2009 dice que el riesgo lo origina no la posesión de bombonas autorizadas sino "el hecho de su utilización de una forma distinta para la función prevista" .
Pues bien, a la vista de los hechos declarados probados, debe rechazarse la imputación a REPSOL de las consecuencias, ya que aun en el caso de que la compañía suministradora hubiera incumplido las obligaciones de revisión de las instalaciones, la muerte de la esposa, madre e hija de los demandantes recurridos solo puede imputarse a quien por su actividad claramente negligente, manejó la instalación de gas. En resumen, la causalidad física es la explosión y una vez fijada, la causalidad jurídica, que permite imputar a alguien el resultado dañoso, debe determinarse por medio de la aplicación de la doctrina de la imputación objetiva ( STS de 29 marzo 2006 ), por lo que debe excluirse en este concreto caso, la imputación a REPSOL, ya que en las circunstancias en que se produjo la explosión, resultaba muy difícil que hubiera sido detectada por una inspección, salvo que se hubiera producido en un momento cercano o inmediatamente posterior al cambio de las gomas. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número. 12 de Madrid, interpusieron demanda de juicio ordinario, D. Narciso , en su propio nombre y en representación de su hijo menor D. Bernardino ; D. Gerardo , Dª Carmen y D. Raimundo , contra Repsol Butano, S.A. y contra D. Carlos Ramón , en reclamación de cantidad. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia por la que estimando la reclamación ejercitada condene a dichos demandados a indemnizar solidariamente a mis representados en las siguientes cantidades: a D. Narciso , 150.000.- euros, en su propio nombre, más otros 150.000,- euros; a Dª Carmen , 7.500,- euros; y a D. Raimundo , otros 7.500,- euros; con más el interés legal, y con expresa imposición de las costas procesales a los demandados".
Admitida a trámite la demanda fueron emplazados los demandados, alegando la representación de D. Carlos Ramón los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... dicte en su día Sentencia por la que se estimen las excepciones procesales interpuestas, o, subsidiariamente, se entre a conocer del fondo del asunto, desestimándose en su integridad la demanda interpuesta, absolviendo a mi mandante de los pedimentos de la misma, todo ello con expresa condena en costas a la parte actora".
La representación de Repsol Butano, S.A., alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso y terminó suplicando: "... dicte Sentencia por la que, desestimando íntegramente la demanda frente a mi representada, le absuelva de todos sus pedimentos, haciendo expresa imposición de las costas a los actores".
Contestada la demanda se señaló Audiencia Previa, en la que comprobado que subsistía el litigio, se efectuaron por las partes las alegaciones que estimaron oportunas, quedando fijados los hechos controvertidos, proponiendo las pruebas que estimaron oportunas, acordándose la práctica de las que fueron admitidas, quedando citadas las partes para la celebración del juicio. En el acto del juicio se practicaron las pruebas admitidas y con el resultado que obra en autos.
El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid, dictó Sentencia, con fecha 28 de julio de 2004 , y con la siguiente parte dispositiva: " FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador en representación de D. Narciso y otros contra REPSOL BUTANO, S.A. y D. Carlos Ramón .
- ABSUELVO a REPSOL BUTANO, S.A. de los pedimentos de la demanda.
- CONDENO a D. Carlos Ramón a que abone las siguientes cantidades, a D. Narciso , 10.000 euros, a D. Bernardino 10.000 euros, a D. Gerardo , 10.000 euros, a Dª Carmen , 3.000 EUROS y a D. Raimundo 3.000 EUROS.
- IMPONGO a D. Carlos Ramón el pago de un interés legal de esas sumas desde la fecha de la interpelación judicial.
- IMPONGO a la parte actora el pago de las costas causadas a instancia de REPSOL BUTANO S.A., sin pronunciamiento sobre las restantes".
SEGUNDO. Contra dicha Sentencia interpusieron recursos de apelación D. Narciso , D. Bernardino , D. Gerardo , Dª Carmen y D. Raimundo . y D. Carlos Ramón . Sustanciada la apelación, la Sección 13 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia, con fecha 19 de diciembre de 2006 , con el siguiente fallo: " Que ESTIMANDO PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto porn la Procuradora Doña Rosario Gómez Lora, en nombre y representación de D. Narciso , D. Bernardino y D. Gerardo ; Dña Carmen y de D. Raimundo , y DESESTIMANDO el recurso interpuesto por la Procuradora Dª Sonia de la Serna Blázquez, en nombre y representación de Don Carlos Ramón , contra la sentencia dictada en fecha 28 de julio de 2004 por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de los de Madrid , en los autos de Juicio Ordinario seguidos ante dicho Órgano Judicial con el número 136/2003, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS la resolución recurrida en el sentido de condenar solidariamente a los dos demandados a pagar a los demandantes la cantidad de 106.000 €, más el interés legal correspondiente desde la presentación de la demanda, sin formular especial pronunciamiento sobre las costas causadas en primer instancia, así como tampoco sobre las causadas en esta alzada con ocasión del recurso interpuesto por los demandantes; en cambio se impone al demandado el pago de las costas causadas con motivo del recurso de apelación por él interpuesto..."
TERCERO. Anunciado recurso de casación por Repsol Butano, S.A., contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte representada por el Procurador D. Manuel Villasante García, lo interpuso ante dicha Sala, articulándolo en los siguientes motivos:
Primero: Infracción por incorrecta aplicación del art. 1902 del CC y Jurisprudencia que lo interpreta.
Segundo: Infracción por incorrecta aplicación del art. 1902 del CC y jurisprudencia que lo iterpreta.
Tercero: Infracción por incorrecta aplicación del art. 1902 del CC , del Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y del Real Decreto de 1085/1992, de 11 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo.
Cuarto: Infracción por incorrecta aplicación del art. 1902 del CC , del Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y del Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo.
Por resolución de fecha 21 de marzo de 2007, la Audiencia Provincial acordó la remisión de los autos originales a la Sala Primera del Tribunal Supremo.
CUARTO. Recibidos los autos y formado el presente rollo se personó el Procurador D. José Manuel Villasante García, en nombre y representación de Repsol Butano, S.A., en calidad de parte recurrente. Asimismo se personó la Procuradora Dª Rosario Gómez Lora, en nombre y representación de D. Narciso y otros, en calidad de parte recurrida. La Procuradora Dª Sonia de la Serna Blazquez, en nombre y representación de D. Carlos Ramón , en calidad de parte recurrida. Admitido el recurso por Auto de fecha 3 de febrero de 2009, y evacuado los traslados conferidos al respecto, la Procuradora Dª. Sonia de la Serna Blazquez, en nombre y representación de D. Carlos Ramón , y la Procuradora Dª Rosario Gómez Lora, en nombre y representación de D. Narciso y otros, impugnaron el recurso de casación, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.
QUINTO. Se señaló como día para votación y fallo del recurso el veintisiete de octubre de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excma. Sra. Dª. Encarnacion Roca Trias,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Son hechos probados:
1º El 15 abril 1999 se produjo una explosión seguida de incendio en un restaurante-bar. El producto que explosionó fue gas propano, contenido en dos bombonas que se encontraban en la cocina del restaurante.
2º Como consecuencia del siniestro, resultó gravemente herida Dª Marí Luz , esposa, madre e hija respectivamente, de los demandantes, que falleció al cabo de un mes de haberse producido la explosión.
3º Según se declara en la sentencia de 1ª Instancia, aceptada en la apelación, la causa de la explosión fue la colocación incorrecta de una de las gomas que conectaba la bombona al manorreductor, al no estar situada la brida que servía para apretar ambos elementos en el lugar adecuado.
4º D. Narciso , esposo de la víctima, en su propio nombre y en representación de su hijo menor Bernardino ; D. Gerardo , hijo de la víctima y Dª Carmen y D. Raimundo , padres de la fallecida, demandaron a REPSOL BUTANO, S.A. y a D. Carlos Ramón . Alegaron en su demanda que la explosión fue debida, en primer lugar, a la falta de inspección de la instalación por la empresa suministradora demandada, lo que estaba obligada a efectuar de acuerdo con lo dispuesto en el RD 1085/1992, de 11 septiembre, que aprueba el reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo. Demandaron asimismo al dueño de la instalación, D. Carlos Ramón , por su responsabilidad en el riesgo creado. Ambos fueron demandados como responsables solidarios. Como indemnización, los actores pidieron una cantidad global de 450.000€, distribuida de forma desigual entre los familiares demandantes.
REPSOL BUTANO, S.A. pidió la desestimación de la demanda por entender que no concurría acción u omisión que pudiera serle imputable y además, no existía relación de causalidad.
D. Carlos Ramón alegó que nunca había habido un requerimiento de REPSOL BUTANO relativo al mantenimiento de la instalación.
5º La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 12 Madrid, de 28 julio 2004 , estimó parcialmente la demanda, condenando al propietario del restaurante D. Carlos Ramón , al pago de 36.000€ y absolvió a REPSOL BUTANO, S.A. Los argumentos fueron: a) la prueba pericial determinó que "el origen de la explosión se encuentra en la incorrecta colocación de una de las gomas que conecta la bombona al manorreductor, al no estar situada la brida que sirve para apretar ambos elementos en el lugar adecuado para ello" ; b) no resultaba aplicable el Reglamento alegado por la actora porque de la conclusión a que se había llegado en materia de prueba no permitía llegar, "[...] a la declaración de responsabilidad de la suministradora de gas, ya que la causa de la deflagración se ha situado en la defectuosa manipulación de las gomas al acoplarlas al manorreductor, operación ésta en la que no tiene ninguna intervención REPSOL BUTANO, S.A" .; c) el mantenimiento de la instalación incumbía al titular del establecimiento y usuario de la misma, D. Carlos Ramón , por lo que se le atribuye la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados a los familiares de la fallecida.
6º Recurrieron la anterior sentencia los familiares de la víctima y el condenado D. Carlos Ramón . La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 13, de 19 diciembre 2006 , estimó en parte el recurso de D. Narciso y otros familiares de la víctima, admitiendo la responsabilidad solidaria de REPSOL BUTANO, S.A. y aumentando la cuantía de la indemnización. Respecto de la responsabilidad de la suministradora de gas licuado, señala la sentencia recurrida que el carácter tuitivo de las normas reguladoras de la distribución de gas y la finalidad de velar por la seguridad que inspira el Reglamento contenido en el RD 1853/1993 , imponía la obligación de mantener un seguimiento, "no solo de los productos suministrados, sino también de las instalaciones afectadas" y ello a pesar de que, como en la propia sentencia se reconoce no se trataba de una "instalación receptora" a los efectos del. Art. 3.2 del RD 1853/1993 . Se condenaba a Repsol a pagar solidariamente la indemnización que se fijaba, porque "ha desatendido los requerimientos que se le han efectuado tendentes a acreditar el cumplimiento de las obligaciones que le eran exigibles en los términos expuestos", por lo que, de acuerdo con los Arts. 329.1 y 217.6 LEC , "se está en el caso de estimar el presente motivo impugnatorio [...]".
Respecto al otro codemandado, D. Carlos Ramón , dice la sentencia que concurren las tres circunstancias que dan lugar a la declaración de responsabilidad de este demandado. Añade que pesaba sobre D. Carlos Ramón "[...] la carga de probar que fue otra persona, ajena a él mismo y a las dos personas que tenía empleadas en su empresa, quien no conectó debidamente una de las gomas al manorreductor. Ante la falta de dicha prueba no solo cabe imputar la responsabilidad que nos ocupa a la empresa suministradora de gas y al titular de la empresa en la que se produjo el accidente".
Finalmente, la sentencia aumentó el importe de las indemnizaciones, por considerar insuficiente la cuantía acordada en la sentencia de 1ª Instancia.
7º Contra esta sentencia presenta recurso de casación REPSOL BUTANO, S.A., al amparo del 477, 2,2º LEC, por razón de la cuantía. Fue admitido a trámite por Auto de 3 febrero 2009.
SEGUDO. Antes de entrar en el estudio de los motivos del recurso, se debe rechazar el óbice de admisibilidad presentado por la parte recurrida, que entiende que la cuantía del recurso no se ajusta a la exigida en el art 477, 2.2 LEC, ya que en 1ª Instancia solo se habían acordado unas indemnizaciones por valor de 36.000€ y en la recurrida, aunque se habían aumentado, se dan 106.000€. Este óbice no puede admitirse porque es doctrina reiterada de la Sala que la cuantía que rige el recurso de casación es la de la reclamación de segunda instancia y en ella los inicialmente demandantes apelaron para obtener la cuantía reclamada en la demanda, que era de 450.000€. Esta es la doctrina de la Sala, de modo que la sentencia de 31 mayo 2005 señalaba que resulta un criterio constante "[...]el atender a lo pedido en apelación, pues de otra forma la sentencia solo podría ser recurrida por una sola de las partes cuya pasividad, por ende, determinaría la irrecurribilidad de la otra" (ver STS de 22 febrero 2010 , así como las sentencias citadas en la que se ha reproducido).
TERCERO. Motivo primero . Incorrecta aplicación del Art. 1902 CC y de las sentencias de 18 abril 2002 , 30 junio 2000 , 13 junio 1996 y 28 mayo 1992 . Dice la recurrente que la causa del siniestro por la que se exige indemnización no está determinada y no obstante se condena a REPSOL ex Art.1902 CC , olvidando la jurisprudencia que obliga a los actores a probar la causa del siniestro para fijar las responsabilidades.
Este motivo se va a examinar conjuntamente con el Segundo , que denuncia la infracción, por incorrecta aplicación, del art. 1902 CC y la jurisprudencia de las sentencias de 26 julio , 28 septiembre y 16 noviembre 2006 , 23 enero 2003 , 18 abril 2002 y 30 junio 2000 . Señala que se requiere que concurran los elementos que dan nacimiento a la responsabilidad por daño, de forma cumulativa. En este caso, las responsabilidades de REPSOL se imponen no por la defectuosa manipulación de las gomas al acoplarlas al manorreductor, sino por supuestos incumplimientos, de modo que no concurren los requisitos exigidos para que se declare la responsabilidad de REPSOL "al no existir ninguna acción u omisión imputable a dicha entidad que mantenga nexo causal con el siniestro".
Ambos motivos se estiman.
La responsabilidad de las empresas suministradoras de gas, licuado o no, ha sido objeto de diversas sentencias de esta Sala. Debe citarse la de 19 febrero 2009 , que resume el estado de la cuestión de la manera siguiente: "Constituye doctrina de esta Sala que para la imputación de la responsabilidad, cualquiera que sea el criterio que se utilice (subjetivo u objetivo), es requisito indispensable la determinación del nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño ( SSTS 11 febrero 1998 ; 3 de junio de 2000 ; 19 octubre 2007 ), el cual ha de basarse en una certeza probatoria que no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetivación de la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba ( SSTS 17 diciembre 1988 ; 21 de marzo de 2006 ; 30 de mayo 2008 .), añadiendo que la prueba del nexo causal, requisito al que no alcanza la presunción ínsita en la doctrina denominada de la inversión de la carga de la prueba, incumbe al actor, el cual debe acreditar la realidad del hecho imputable al demandado del que se hace surgir la obligación de reparar el daño causado( SSTS 14 de febrero 1994 ; 3 de junio 2000 , entre otras muchas).
Sin embargo, una cosa es que el gas sea considerado como producto a los efectos de determinar la responsabilidad de quien lo pone al servicio de los usuarios, como ocurre en el caso examinado en la sentencia de referencia, y otra muy distinta que el accidente se haya producido por la conducta negligente de quien había manipulado los aparatos, como ocurre en el supuesto que es objeto del actual recurso. Por ello debe centrarse la argumentación, teniendo en cuenta que de los hechos probados, se desprende que se produjo una negligencia en la instalación de las gomas de salida del gas desde la bombona a la cocina, instalación que fue realizada por el demandado Sr. Carlos Ramón o por alguien de su esfera de responsabilidad, a quien, fuera quien fuera, debe serle imputada la negligencia. Este es un hecho probado que es aceptado en ambas sentencias.
En el presente supuesto, los demandantes entendieron que existían dos esferas de responsabilidad:
a) la correspondiente al propietario del restaurante, por acción o por omisión, que en realidad fue la causa directa de la explosión que produjo la muerte de una de las empleadas. Esta responsabilidad se ha resuelto ya en las sentencias y resulta firme al no haber sido recurrida.
b) La correspondiente a REPSOL BUTANO, S.A., que es la que ahora se discute ya que se le imputa la falta de inspecciones sobre el estado de la instalación. Es sobre esta cuestión que debemos ahora fijar la atención.
CUARTO. La sentencia recurrida viene a decir que deduce el incumplimiento de REPSOL de las obligaciones derivadas de su condición de concedente de las bombonas de gas licuado, por no haber aportado documentación relativa a las inspecciones que debía realizar. Sin embargo, en la contestación a la demanda se han aportado documentos relacionados con esta cuestión y además fueron objeto de discusión en el procedimiento penal.
La jurisprudencia de esta Sala ha utilizado dos criterios a la hora de imputar o no la responsabilidad a REPSOL en los casos de accidentes causados por explosión de bombonas de gas licuado: a) se condena a la suministradora cuando se produce un defecto en la bombona ( STS de 15 noviembre 2007 ), cuando se ha llevado a cabo el suministro del gas sin comprobar las instalaciones ni efectuar las oportunas revisiones ( SSTS de 18 mayo 2005 y 29 marzo 2006 ), o bien cuando se ha producido la explosión por el mal funcionamiento de la bombona ( STS 29 marzo 2006 ); b) en cambio, no se admite la responsabilidad de la suministradora del gas por falta de odoración, ya que no se había probado la relación de causalidad entre este hecho y la explosión que produjo el siniestro ( STS de 12 febrero 2009 ), o bien por una reacción de los sistemas de seguridad de la bombona ante la proximidad de una fuente de calor por un manejo defectuoso ( STS de 19 febrero 2009 ). De lo que hay que deducir que la línea para la resolución de los casos de accidentes causados por bombonas o instalaciones de gas se centra en la prueba de la relación de causalidad entre la conducta desarrollada por la suministradora del gas y el accidente, nunca el riesgo, como afirma la ya citada sentencia de 19 febrero 2009 , recogiendo otras anteriores (ver SSTS 3 febrero 2009 , 28 febrero y 28 junio 2006 , 17 enero 2003 y 16 junio 2000 , entre otras) .
Pero, además, cuando nos hallamos ante una omisión que pretendidamente ha ocasionado un daño, debemos utilizar criterios de imputación objetiva para determinar si una determinada acción u omisión es susceptible de haber causado el daño que se le imputa. Así, la citada sentencia de 19 febrero 2009 dice que el riesgo lo origina no la posesión de bombonas autorizadas sino "el hecho de su utilización de una forma distinta para la función prevista" .
Pues bien, a la vista de los hechos declarados probados, debe rechazarse la imputación a REPSOL de las consecuencias, ya que aun en el caso de que la compañía suministradora hubiera incumplido las obligaciones de revisión de las instalaciones, la muerte de la esposa, madre e hija de los demandantes recurridos solo puede imputarse a quien por su actividad claramente negligente, manejó la instalación de gas. En resumen, la causalidad física es la explosión y una vez fijada, la causalidad jurídica, que permite imputar a alguien el resultado dañoso, debe determinarse por medio de la aplicación de la doctrina de la imputación objetiva ( STS de 29 marzo 2006 ), por lo que debe excluirse en este concreto caso, la imputación a REPSOL, ya que en las circunstancias en que se produjo la explosión, resultaba muy difícil que hubiera sido detectada por una inspección, salvo que se hubiera producido en un momento cercano o inmediatamente posterior al cambio de las gomas.
QUINTO. La estimación de los motivos primero y segundo del presente recurso de casación exime a esta Sala del examen de los formulados como tercero y cuarto.
SEXTO. La estimación de los motivos primero y segundo del recurso de casación formulado por la representación procesal de REPSOL BUTANO, S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 13, de 19 diciembre 2006 , implica la de su recurso de casación.
En su lugar, se anula parcialmente la sentencia recurrida, absolviendo a REPSOL S.A., manteniéndose todos los demás pronunciamientos, incluido el referido a la imposición de las costas.
No se imponen las costas del recurso de casación a ninguna de las partes, de acuerdo con lo establecido en el art. 398.1 LEC .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
1º Se estima el recurso de casación presentado por la representación procesal de REPSOL BUTANO, S.A., contra la sentencia de la sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 19 diciembre 2006, en el rollo de apelación nº 145/2005 .
2º Se casa y anula en parte la sentencia recurrida.
3º Se absuelve a la recurrente REPSOL BUTANO, S.A. y se mantienen los demás pronunciamientos de la sentencia de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 19 diciembre 2006 .
4º No se imponen las costas del recurso de casación.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Roman Garcia Varela.- Francisco Marin Castan.-Jose Antonio Seijas Quintana .- Encarnacion Roca Trias.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMA. SRA. Dª. Encarnacion Roca Trias, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Fuente sepin

lunes, 28 de julio de 2014

Examen de las cláusulas suelo como condiciones generales de la contratación

La sentencia también examina la cuestión relativa a si los pactos que definen el objeto principal de los contratos pueden tener la consideración de condiciones generales, ya que la Audiencia provincial de Sevilla en la sentencia que casa el TS, entendía que las cláusulas suelo no son condiciones generales pues al ser condiciones esenciales del contrato, el consumidor necesariamente las conoce y las acepta.
El TS hace una primera declaración sobre el ámbito de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, al señalar que según su preámbulo "la Ley pretende proteger los legítimos intereses de los consumidores y usuarios pero también de cualquiera que contrate con una persona que utilice condiciones generales en su actividad contractual".
Por otra parte el TS declara que "en nuestro sistema una condición general de la contratación puede referirse al objeto principal", aunque cuestión distinta es el grado de control que la ley articula cuando las condiciones generales se refieren al objeto principal del contrato y en concreto cuando los intereses en juego son los de un empresario y un consumidor (aptado. 142).
La sentencia también rechaza el argumento de la Audiencia provincial de Sevilla, que entendía que las cláusulas suelo no eran impuestas.
Para el TS las cláusulas contractuales prerredactadas, sean condiciones generales --sometidas a la LCGC-- o particulares --no sujetas a dicha norma--, deben entenderse impuestas cuando no han sido negociadas individualmente. Añadiendo que esta "imposición del contenido" del contrato no puede identificarse con la "imposición del contrato" en el sentido de "obligar a contratar", más aún "cuando se trata de productos o servicios de consumo no habitual y de elevada complejidad técnica", en que la capacidad real de comparación de ofertas y la posibilidad real de comparación para el consumidor medio es reducida.
El TS dice que en estos casos se trata con frecuencia de un "cliente cautivo" por la naturaleza de las relaciones mantenidas por los consumidores con "sus" bancos que minoran su capacidad real de elección.
La sentencia también hace referencia a que es un hecho notorio que en determinados productos y servicios tanto la oferta como el precio o contraprestación a satisfacer por ellos están absolutamente predeterminados, destacando especialmente que esto ocurre en el mercado de bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado en el que se cumple el fenómeno conocido como "take it or leave it" (lo tomas o lo dejas). Entre estos servicios se encuentran los bancarios y financieros.
También se señala en el Informe de 27 de abril de 2000, de la Comisión Europea, sobre la aplicación de la Directiva 93/13 (IC 2000) que "es ilusorio pensar que en los contratos en masa hay cláusulas negociadas individualmente".
Concluye la sentencia que no puede equipararse negociación con la posibilidad real de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación aunque varias de ellas procedan del mismo empresario; y que tampoco equivale a negociación individual la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios.
1. Carga de la prueba
En relación a determinar a quién corresponde la carga de la prueba sobre el hecho de que una cláusula haya sido negociada, dice el TS que si aparece demostrado que determinadas cláusulas se han redactado por un empresario para ser incluidas en una pluralidad de contratos a celebrar con consumidores, "se permite tener por acreditado que las cláusulas impugnadas tienen la consideración de cláusulas destinadas a ser impuestas, de tal forma que, en el enjuiciamiento de su carácter negociado o impuesto, la carga de la prueba de que no se destinan a ser impuestas y de que se trata de simples propuestas a negociar, recae sobre el empresario".

Fuente:Tirant

Intereses de demora y apreciación de oficio por el juez

II - INTERESES DE DEMORA.
La Sentencia de TJUE 14-6-13 C 618/10 (Banesto) parte del supuesto de hecho de un proceso monitorio interpuesto por entidad de crédito, en el que el Juez resolvió que el tipo de interés de demora que se reclamaba del 29% era una clausula abusiva, y lo fijo en el 19%. En el Recurso de Apelación la AP Barcelona planteó cuestión prejudicial al TJUE ante la duda de si el Juez podía de oficio pronunciarse de ese modo declarando la nulidad, o si esta cuestión debía ser objeto de un proceso declarativo.
El TJUE en esta Sentencia declaró, como en anteriores ocasiones ya lo había hecho, que el Juez no solo puede sino que debe de oficio apreciar el carácter abusivo de una cláusula, subsanando el desequilibrio entre profesional y consumidor, en cualquier tipo de proceso judicial y en cualquier momento del proceso en que se aprecie ese carácter abusivo, en cumplimiento del principio de efectividad de las normas de Derecho Comunitario, según el cual debe removerse cualquier obstáculo que se presente para que la normativa estatal no impida o dificulte la aplicación de la norma comunitaria.
En el párrafo 54 de la Sentencia se expone que existe un gran riesgo de que los consumidores no se opongan en este tipo de procesos, bien por el escaso plazo que tienen para oponerse, bien por los costes asociados a todo procedimiento judicial en relación con la cuantía, por lo que estaríamos ante elementos disuasorios contrarios al principio de efectividad, de ahí que el Juez deba hacerlo de oficio.
También declara que el art. 6.1 de la Directiva 93/13 debe entenderse en el sentido de que una vez declarado el carácter abusivo de una cláusula no puede surtir efecto alguno, por lo que corresponde al Juez establecer la consecuencias que se deriven de la nulidad a fin de evitar que sigan desplegando efectos , ya que la nulidad pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas.
La Sentencia establece dos consecuencias para lo que venimos comentando: (1) el Juez de oficio puede y debe declarar la nulidad de las clausulas que considere abusivas, en cualquier momento del procedimiento (fase de admisión o en cualquier otro momento) y (2) una vez declarada la nulidad no puede surtir ningún efecto, por lo que no es aceptable que el art 83.2 TRLGDCU obligue al Juez a integrar el contrato con facultad moderadora, por lo que en esta materia de intereses de demora, declarada nula la cláusula, no puede el Juez determinar un tipo de interés diferente. La consecuencia es que en estos casos, no existe pacto de interés de demora, y se devengará el que legalmente sea procedente.
Lo que evidentemente el TJUE no dice es cuando debe considerarse que un determinado tipo de interés de demora constituye cláusula abusiva. Este punto debe ponerse en relación con la modificación de la legislación hipotecaria en cuanto a los límites de intereses de demora (art. 114 de la Ley Hipotecaria y D.T 2ª de la Ley 1/13 de 14 de mayo) y con los acuerdos no jurisdiccionales adoptados por algunas Juntas de Jueces de Primera Instancia y Audiencias Provinciales.
La limitación de intereses de demora en préstamos para la adquisición de vivienda habitual introducida por la Ley 1/13 de 14 de mayo [6], de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, y especialmente la aplicación de la D. Transitoria 2ª no está exenta de dudas. Según esta norma transitoria, la limitación de intereses de demora (máximo tres veces el tipo de interés legal del dinero) tiene carácter retroactivo para los intereses devengados y no pagados en la fecha de entrada en vigor de la ley y para los que se devenguen con posterioridad a dicha fecha. Y respecto de los procedimientos de ejecución en vigor en la fecha de entrada en vigor de la Ley en los que se hubiere despachado ejecución, la D.T 2ª concede plazo para que el acreedor ejecutante recalcule la cantidad ajustando los intereses de demora a esta limitación legal.[7]
Según esta norma transitoria no cabrá apreciar la abusividad de la cláusula de interés, desde el momento en que por Ley han quedado cifrados en esta cantidad máxima y el acreedor hipotecante debe cuantificar su crédito ajustándose a esta limitación, lo cual suscita la duda de si esta norma va en contra de la jurisprudencia del TJUE que impide la integración de contrato una vez apreciado el carácter abusivo de una cláusula y declarada su nulidad.
Efectivamente la Ley 1/13 no dice nada acerca del carácter abusivo de una cláusula contraria a esta limitación, pero es evidente que lo será tanto por la imposición y falta de negociación individual, como por la desproporción indemnizatoria que supone, pues no hay que olvidar que los intereses de demora tienen carácter indemnizatorio, sujeta por tanto al control judicial, y el art. 85.6 TRLGDCU considera abusiva la cláusula que imponga una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones.[8] Teniendo en cuenta este carácter indemnizatorio y su función penalizadora del incumplimiento, desde la aprobación de la Ley 1/13 existe ese límite máximo que impide superar el triple del interés legal del dinero, regla que en definitiva pretende que esta indemnización guarde la debida proporción.
Por una parte contamos pues con este límite legal de la misma forma que el art. 20 de la Ley 16/11 de Contratos de Crédito al Consumo establece que para los créditos que se conceden en forma de descubierto en cuenta corriente, en ningún caso podrá aplicarse un tipo de interés que de lugar a una tasa anual equivalente superior al 2'5 veces el interés legal del dinero, lo cual puede dar pie a dos interpretaciones: la primera, según la cual el establecimiento de un tipo máximo fijado por ley significa que, en caso de pactar en un contrato un tipo superior, el importe de dichos intereses se verán automáticamente reducido al tipo máximo legal, y la segunda, según la cual en caso de existir ese pacto en contrario al máximo legal, se entenderá que se trata de una cláusula nula, por abusiva, cuya consecuencia es su expulsión del contrato, de donde se deduce que no existirá pacto sobre tipo de interés de demora. En mi opinión, la primera interpretación debe ser la correcta, puesto que al establecerse un límite máximo, todo lo que exceda de dicho límite será nulo, pero no lo que no suponga exceso del límite, lo cual no supone que se esté reintegrando el contrato en el sentido de decidir nuevamente el tipo de interés de demora, puesto que el exceso, y por tanto la nulidad, se manifiesta respecto del tipo de interés de demora y no sobre la voluntad de devengar dichos intereses en caso de incumplimiento. De otra parte, tratándose de ley especial debe prevalecer sobre lo dispuesto en el art 1.108 del Cod. Civil según el cual, a falta de pacto expreso, la mora del deudor en las obligaciones dinerarias se indemniza con el pago de interés legal, concepto éste mas amplio que el de interés legal del dinero que es el que se establece anualmente en las Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Esta no es una cuestión pacífica como quedó de manifiesto en la Jornada sobre la repercusión de la doctrina del TJUE celebrada el 8 de mayo en el Servicio de Formación Continua de CGPJ en cuya acta[9], conclusión 8ª quedó constancia de que "en el caso de las cláusulas de intereses de demora, la nulidad comportará la expulsión de la cláusula y se considera que el principal devengará los intereses legalmente previstos, existiendo a estos efectos dos posiciones mayoritarias: la que defiende la aplicación del Código Civil (intereses del artículo 1108 CC) o la que sostiene la aplicación de la Ley Hipotecaria (interés del nuevo artículo 114 LH)."
Todo ello mientras las cosas sigan así, ya que el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena (Sevilla) ha dictado un Auto el 16 de Agosto de 2013 elevando al TJUE una nueva cuestión prejudicial comunitaria en relación con lo establecido en esta Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/13 de 14 de mayo, ante la posibilidad de que esta norma, "al imponer de forma implícita al órgano jurisdiccional la obligación de moderación de una cláusula de interés moratorio incursa en abusividad, no ha transpuesto de forma efectiva la Directiva 93/13, no otorga la adecuada protección al consumidor de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad, impide la aplicación de la sanción de nulidad de la cláusula de interés de demora abusiva como exige el artículo 6.1 y tergiversa de manera flagrante la jurisprudencia comunitaria del TJUE y la Directiva 93/13 /CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores."
La cuestión se recrudece cuando se trata de una estipulación de intereses de demora en prestamos hipotecario que no tienen como destino la adquisición de vivienda habitual, o teniéndolo, no se hipoteca la vivienda adquirida sino otros bienes, puesto que la limitación establecida por el nuevo art. 114 de la Ley Hipotecaria por obra de la Ley 1/13 de 14 de mayo, únicamente es de aplicación en estos casos: "Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil." Y en los casos en que estemos contemplando un pacto de intereses de demora de un contrato de préstamo o crédito, sin garantía hipotecaria, con mayor razón.
Algunas Juntas de Jueces de Primera Instancia se han pronunciado en el sentido de que, sin perjuicio de tener en cuenta las circunstancias concurrentes de casa caso, con el fin de establecer una pauta de orientación, no vinculante por supuesto, consideran nula por abusiva las cláusulas de contratos de consumo que establezcan intereses de demora superiores al límite establecido en el art. 20 del la Ley 16/11 de Contratos de Crédito al Consumo, en unas ocasiones, o al cuádruplo del interés legal del dinero, en otras, lo que en ningún caso significa que el tipo de interés excesivo se reduzca a esos límites, sino que, considerando nula la cláusula, queda excluida del contrato.
Vemos, pues, como en la práctica judicial nos encontraremos con un doble rasero según se trata de préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda habitual con hipoteca constituida sobre la vivienda adquirida, o cuando se trate de un préstamo o crédito con finalidad distinta o con hipoteca sobre otros bienes (incluso de los fiadores) o de operaciones sin garantía hipotecaria concertadas con un consumidor[10].


¿Se puede sancionar a los propietarios que no pagan los gastos comunes?

La respuesta será, en principio, negativa, pues, aunque así se acordase mediante acuerdo comunitario, en caso de impugnación, esta tendría posibilidades de éxito, así se pronuncian las sentencias de AP Toledo de 18 de febrero de 1998 (SP/SENT/15162), la de AP de Valladolid de 22 de noviembre de 1996 (SP/SENT/12816) o la de la AP de Madrid de 10 de mayo de 1985 (SP/SENT/3238).
Ahora bien, la reciente resolución de la DGRN de 23 de octubre de 2012 (SP/SENT/701158) comentada por Daniel Loscertales Fuertes, disponible en nuestra base de datos (www.sepin.es) con la referencia SP/DOCT/17016, marca un camino interesante, como señala el autor, pues admite la inscripción de una cláusula estatutaria, por acuerdo unánime de la Comunidad, por la cual los morosos no podrán utilizar la piscina ni la pista de tenis, aunque sí el resto de los servicios comunes.
El argumento es que las instalaciones comunes de piscina y pista de tenis no son necesarias para la habitabilidad del inmueble, es decir, que no son elementos esenciales, que su carácter excede de lo que podrían considerarse elementos necesarios para la vivienda y, como no se trata de la privación del derecho de propiedad, sino de su mero uso con carácter meramente eventual, mientras no se ponga al día en la contribución a los gastos que exige su mantenimiento, debe considerarse que no afecta al contenido esencial de este derecho de propiedad sino todo lo contrario, que las limitaciones impuestas son coherentes con este régimen especial de la propiedad que es el de la Comunidad en propiedad horizontal.
Es una manifestación discutible, pues el fondo de la cuestión es determinar si la Comunidad puede prohibir el uso de elementos o servicios comunes, con independencia de la valoración subjetiva, por el hecho de que un propietario sea moroso, cuando la Ley de Propiedad Horizontal establece un sistema de reclamación de las deudas, concretamente en su art. 21.
No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un acuerdo comunitario pero, en cualquier caso, el problema estará en la efectividad de la citada cláusula porque, no se establecen las consecuencias del posible incumplimiento, por lo que en el caso en el que algún propietario moroso intentase hacer uso de los elementos comunes a los que, por su situación no tuviese derecho, ¿qué podría hacer la Comunidad? Entiendo que poco o nada, pues ni la LPH tampoco se pronuncia al respecto.
Ahora bien, ¿puede servir esta resolución para que la Comunidad o el Presidente puedan actuar por la vía de hecho? Podría, por ejemplo, este último proceder al corte de servicios al propietario moroso, ¿es legalmente posible?
La respuesta es, sin duda, negativa. Además, ha de tenerse en cuenta que tomar esta decisión puede traer responsabilidad penal al Presidente o a quien dé las órdenes pertinentes.
Comprendo que, cada vez con más frecuencia, en la Comunidad se plantean problemas de falta de fondos por existencia de morosos, quienes siguen disfrutando de calefacción y agua caliente, ascensor, portería, etc., pero no hay otra solución que aportar nuevos fondos por el resto, sin perjuicio de la demanda judicial contra los deudores.
No se pueden cortar servicios, porque podría ser tratado, repito, como una coacción del Código Penal, ni tampoco se puede pedir al Juez, pues son sanciones no previstas en la Ley de Propiedad Horizontal, ni en cualquier otro cuerpo legal.
De ninguna manera se pueden aplicar este tipo de medidas a quien no paga la cuota de la Comunidad, ya que en la propia LPH se establecen las fórmulas concretas para reclamar o sancionar, por ejemplo, con la privación del derecho de voto en el caso de morosidad, como establece el art. 15.2 e, incluso, en este caso, al tratarse de la limitación de un derecho, habrá de interpretarse de manera restrictiva.
De este modo, la única forma de cobrar los recibos pendientes de pago es utilizar las vías de la Ley de Propiedad Horizontal y además, siempre contra el propietario, nunca contra el arrendatario u ocupante, mediante la reclamación judicial prevista en el citado art. 21.
Fuente sepin

La Comunidad no es responsable de los daños causados por la caída al no haber sido acreditado que esta se debería al exceso de agua habido en el suelo o a un mareo

EXTRACTOS
La Comunidad no es responsable de los daños causados por la caída al no haber sido acreditado que esta se debería al exceso de agua habido en el suelo o a un mareo
"... Con independencia de la inadecuada utilización por Dª Virtudes , como también pudieran efectuar otras personas del Centro Comercial, para acceder a éste, de una "salida de emergencia" debidamente señalizada , cuyo restringida y específica finalidad no podía desconocer, lo que en sí ya conlleva la asunción del riesgo derivado de que sus condiciones de solado, limpieza y señalización no pudieran ser las mismas de las observadas en los accesos públicos ordinarios; es lo cierto que en este caso no ha quedado acreditado, de modo rotundo e indubitado cual, fuera la verdadera causa que provocó la caída de la demandante, si endógenas o externas y accidentales, sin que, en cualquier caso, quede de manifiesto una conducta negligente en la limpiadora en el desempeño de su cometido que, como se alega pero no se prueba, pudiera consistir en dejar excesiva agua en el pavimento o solado o utilizar productos como el amoniaco, cuyo olor pudiera provocar el desmayo de una persona. Tarea que en sí no entraña ni genera una situación de peligro, susceptible de provocar una situación de riesgo que exigiera la adopción de especiales medidas de prevención y advertencia en consideración a las circunstancias de tiempo y lugar, pues como se dice en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2007 el suelo aún mojado o simplemente húmedo, no constituye un peligro evidente e imprevisible par la integridad de las personas ..."

viernes, 18 de julio de 2014

Concurrencia de cobertura en el seguro de la Comunidad de Propietarios y de cada propietario

Se consulta si es legal que la póliza de seguros comunitaria asegure, además de las zonas comunes, el continente de las viviendas y si se puede negar cualquier vecino a pagar el importe de la póliza que corresponda al seguro de continente de vivienda.
Respecto a la primera pregunta, no existe ninguna prohibición legal sobre el aseguramiento tanto de las zonas comunes y del continente por el seguro de la Comunidad. Será imprescindible acudir al clausulado de los contratos para establecer si realmente es idéntico el objeto de ambos, el de la Comunidad y el de cada propietario, ya que en el primero, la cobertura podría ser en el continente por los daños provocados por los elementos comunes y en el segundo, en el continente por daños provocados por elementos privativos.
En caso de coincidencia, para que pueda apreciarse la concurrencia de seguros del art. 32 LCS, cuya consecuencia sería el pago proporcional por cada compañía hasta el límite pactado, debe haber una pluralidad de contratos celebrados por un mismo tomador con varios aseguradores, y que estos tengan el mismo efecto, es decir, que cubran las consecuencias que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico período de tiempo.
Así, respecto del requisito del tomador, este, en principio, sería distinto, pues mientras el tomador del seguro del hogar lo es el propietario de la vivienda, el tomador del seguro comunitario lo es la Comunidad de Propietarios. Pero podría darse identidad de tomador, dado que hay parte de la doctrina que admite que también existe un seguro múltiple concertado por varios tomadores, cuando exista una pluralidad de intereses subjetivos objeto del aseguramiento. como sucede con los copropietarios de una Comunidad de Propietarios Horizontal sobre las cosas comunes.
Sobre la identidad del riesgo, se daría de manera parcial, pues en tanto que la póliza comunitaria cubre los daños causados a los elementos comunitarios, la póliza de hogar cubre los daños causados en el continente de la vivienda individual, que podrían coincidir, en parte, con los anteriores. Y además recoge los daños a terceros por la responsabilidad del propietario de la vivienda asegurada, que es un riesgo ajeno por completo a la póliza comunitaria.
Incluso, aun coincidiendo totalmente en las coberturas, habría que atender al límite establecido en la póliza de la comunidad ya que dependiendo del alcance de los daños causados, podrían no cubrirse todos ellos, lo que obligaría al propietario a reclamar a la aseguradora de la Comunidad la cuantía hasta el mismo y en el exceso a su propia compañía aseguradora, a fin de ser indemnizado en el alcance real de los daños sufridos.
SAP Barcelona, Sección 13.ª, 465/2010, de 16 de julio (SP/SENT/528532)
SAP Barcelona, Seción 16.ª, 352/2011, de 7 de junio (SP/SENT/640975)
Sobre la segunda cuestión, la contratación del seguro como consecuencia de un acuerdo que solo necesita de la mayoría prevista en el art. 17, regla 4ª, LPH, pues es un acto de mera administración. Así, lo deben pagar todos los propietarios, siendo la negativa de uno de ellos carente de razón legal alguna y, desde luego, tendrá que satisfacer su parte de forma voluntaria o a través de la oportuna reclamación judicial.
SAP Granada, Sección 3.ª, 756/2001, de 20 de octubre (SP/SENT/32339)

Fuente:sepin



AL ABOGADOS-Las Palmas 
828127786