Los morosos adeudan 5 millones a las comunidades de vecinos en Teruel
El continuo descenso de los ingresos en los hogares españoles ha provocado que uno de cada tres tenga dificultades para llegar a fin de mes y que uno de cada diez se retrase a la hora de abonar los gastos relacionados con la vivienda, según la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. En este contexto, los niveles de impago por morosidad soportados por las comunidades de propietarios turolenses se incrementaron en el ejercicio 2013 un 20% respecto al año anterior hasta alcanzar los 5 millones de euros frente a los 4 correspondientes a 2012.
Esta es el dato que maneja el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, que cifra la morosidad para el conjunto de Aragón en 49 millones, un 16,20% más que en 2012, de los que 5 corresponden a Teruel, 11 a Huesca y 34 a Zaragoza. El 20% de la deuda de las comunidades turolenses, un millón de euros, corresponde a las entidades financieras.
Para el conjunto de España, las deudas alcanzaron los 1.798 millones de euros al cierre del pasado ejercicio, lo que ha supuesto un incremento del 11,97%. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas establece que el 19% corresponde a las entidades financieras; el 46% a morosos accidentales, que son aquellos que no pueden abonar sus cuotas por problemas económicos derivados de la crisis; y el 35% a morosos intencionales y profesionales, que son los que pueden pagar pero no lo hacen.
En cuanto al presente año, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Miguel Ruiz, estima que se observa cierta tendencia a la estabilización y prevé que la deuda se mantenga en las mismas cifras de 2013. La mayoría de las comunidades de propietarios han mantenido las cuotas para 2014,
El año pasado entró en vigor la ley que obliga a rehabilitar los edificios que superen los 50 años antes de 2018. Sin embargo, más del 40% de los propietarios no podría sumir ninguna derrama con este fin.
Por otro lado, Ruiz defendió la colegiación obligatoria para este colectivo profesional, a diferencia de lo que se teme que pueda decir la futura ley de Colegios y Servicios Profesionales, que mañana comenzará a debatirse en el Congreso. En su opinión, los colegiados aportan una garantía de seguridad jurídica y para la gestión económica de la vivienda, "el principal patrimonio material de muchos ciudadanos", apuntó.
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